El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha empleado una parte de su patrimonio para abonar la fianza de 150.000 euros que el Tribunal Supremo le ha exigido en relación con el caso de supuesta filtración implicando a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así lo han confirmado fuentes jurídicas.
Según explican desde Europa Press, García Ortiz no contaba con la liquidez necesaria, por lo que tuvo que recurrir a sus bienes personales. El alto tribunal ahora deberá confirmar que los activos presentados son suficientes para cubrir la suma establecida.
Además, desde que se hizo pública la fianza, numerosos individuos, entre ellos familiares y amigos, se ofrecieron a contribuir en el pago, aunque el fiscal optó por no involucrar a terceros, mostrándose agradecido por el apoyo recibido.
García Ortiz está preparando un recurso de apelación directo al considerar desproporcionada la cantidad impuesta por el juez instructor, Ángel Hurtado, quien estableció la fianza en 150.000 euros, reduciéndola desde los 300.000 euros que solicitaba González Amador.
Por su parte, la defensa de González Amador ha recurrido para que la fianza se eleve de nuevo a 300.000 euros, aduciendo que el daño moral persiste. Según él, desde la divulgación de ciertos correos por parte de la Fiscalía, no ha cesado de ser tachado en medios de comunicación como ‘delincuente confeso’ o ‘defraudador confeso’.
GARCÍA ORTIZ, A JUICIO
El proceso contra García Ortiz se iniciará en noviembre, con una estimación de una semana de duración, aunque podría extenderse. El tribunal, formado por siete magistrados, lo presidirá Andrés Martínez Arrieta. Al fiscal general se le imputan delitos que podrían acarrear hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación.