QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Supremo ha apoyado la decisión del juez Ángel Hurtado de llevar a juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, acusado de un posible delito de revelación de secretos, con una solicitud de condena de hasta 6 años de prisión. Se le acusa de haber iniciado y dirigido ‘personalmente’ la divulgación de detalles sobre la investigación de delitos fiscales contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Sala de Apelación, integrada por los jueces Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, ha rechazado el recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz, aunque con una disidencia de Palomo. Por otro lado, se aceptó unánimemente el recurso de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, exonerándola y cerrando el caso en su contra, al entender que estaba obligada a informar a García Ortiz sobre las indagaciones a González Amador.
El proceso contra García Ortiz fue decidido por Hurtado el 9 de junio después de ocho meses de indagación centrados en dos temas: una nota de prensa de la Fiscalía y la filtración de un correo electrónico. Los jueces coinciden con Hurtado en que ‘la filtración en la noche del día 13 de marzo de 2024 del correo de 2 de febrero a la prensa, que contenía información reservada y que no debía publicarse, y su posterior inclusión en la nota informativa elaborada por el fiscal general del Estado y publicada en la mañana del siguiente día, fue una actuación coordinada e impulsada personalmente’ por García Ortiz.
Además, los magistrados indican que es ‘especialmente relevante la relación temporal existente entre la publicación de la información de ‘El Mundo’ y ‘la actividad del fiscal general para desmentirla’, seguida de ‘la inmediata filtración a la prensa’.
Finalmente, la Sala señala que el borrado de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp por parte de García Ortiz ‘tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación’, lo que podría ser utilizado para fundamentar una condena.
