En una reciente sesión en el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha confirmado que procede a la eliminación sistemática de sus mensajes de WhatsApp por cuestiones de seguridad, argumentando que no es propietario de dicha información, sino que actúa como su ‘custodio’, dado que involucra a terceros.
Respondiendo a las preguntas de su equipo de defensa, García Ortiz ha subrayado su conciencia sobre la relevancia de la protección de datos. Ha admitido que, aunque en la Fiscalía esta práctica es complicada, es especialmente delicado en su posición porque debe estar al tanto de los asuntos más sensibles, tanto ‘Secretos y no secretos’.
Ha justificado la necesidad de este procedimiento asegurando que si su dispositivo móvil cayera en manos indebidas —por robo, pérdida o hackeo— podría comprometer la seguridad de terceras personas. Por esta razón, mantiene una política de no conservar mensajes en su WhatsApp más de un mes.
Además, ha mencionado un incidente específico del 16 de octubre de 2024, señalado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, explicando que probablemente esos mensajes ya no estaban disponibles en su teléfono porque habían sido eliminados mucho antes de la fecha clave del caso que se le imputa.
Finalmente, García Ortiz ha reafirmado: ‘Lo primero es que yo no estoy seguro de que sea ese borrado (…) Lo que estoy seguro es que en ese momento, ni el mes anterior ni el anterior, existían los ‘whatsapp’ que se supone que son objeto de esta causa’.











