Fiscal General del Estado enfrenta juicio en el Tribunal Supremo por filtración de correos

Desde este lunes, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecerá ante el Tribunal Supremo (TS), marcando un precedente al ser el primer fiscal general juzgado en España. La acusación se centra en la supuesta filtración de un ‘email’ que reveló las conversaciones de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía para negociar un acuerdo en un caso de fraude fiscal. García Ortiz podría enfrentar hasta 6 años de prisión, 12 años de inhabilitación y una multa de más de 400.000 euros.

El caso se desencadenó tras una publicación de ‘El Mundo’ el 13 de marzo de 2024, que provocó una intensa actividad en la Fiscalía y en los medios. García Ortiz contactó con Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, para tratar de obtener una serie de correos electrónicos relacionados con el caso, lo que culminó en la recepción de una cadena incompleta de correos en su cuenta personal.

Informaciones posteriores en ‘La Sexta’ y ‘Cadena SER’ aumentaron la controversia, revelando más detalles y correos, que incluían negociaciones y ofertas de confesión. Finalmente, el 21 de marzo de 2024, González Amador presentó una querella por revelación de secretos. Aunque inicialmente no se le imputó por un comunicado de prensa, las investigaciones siguieron y culminaron con registros en los despachos de García Ortiz y Rodríguez.

El magistrado instructor, Ángel Hurtado, impulsó el juicio basándose en indicios de que García Ortiz, por instrucciones de altos cargos, filtró información a la prensa. Sin embargo, la Sala de Apelación matizó que no había pruebas suficientes de tales instrucciones, aunque confirmó otros aspectos de la acusación.

García Ortiz, defendido por la Abogacía del Estado, niega las acusaciones, argumentando que actuó dentro de sus competencias para proteger la imagen de la Fiscalía. El juicio, que no será retransmitido en directo, se llevará a cabo ante un tribunal de siete magistrados y se espera una decisión para finales de año.