Agustín Hidalgo de Murillo, fiscal delegado de Protección de Datos, ha afirmado en el Tribunal Supremo que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, estaba facultado para eliminar datos de sus dispositivos si consideraba que la seguridad de la información sensible estaba comprometida, dado que él era el ‘responsable’ de dicha información.
Durante el cuarto día del juicio contra García Ortiz, acusado de revelar secretos que podrían costarle hasta 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, además de una multa superior a los 400.000 euros, se ha destacado que la acusación se centra en la supuesta filtración de correos electrónicos de la defensa de Alberto González Amador a la ‘Cadena SER’ el 13 de marzo de 2024.
Hidalgo de Murillo ha explicado, bajo el interrogatorio de Gabriel Ramos, abogado de González Amador, que la normativa interna permite ‘destruir la documentación y los dispositivos en desuso’. También ha señalado que los usuarios de estos dispositivos son responsables no solo de los aparatos, sino de los datos que contienen, lo que les da el derecho a destruirlos si no confían en su correcta eliminación. ‘Somos responsables’, enfatizó.
Además, ha comentado sobre su lucha contra el ‘síndrome de diógenes de la administración de justicia’ desde 2018, que busca proteger la seguridad de los datos personales al evitar acumular resoluciones innecesarias. Esta situación se relaciona con la decisión de García Ortiz de borrar su móvil y cerrar su cuenta de Gmail personal, que recibió un correo clave la noche del incidente.
Por otra parte, se ha tratado el tema de si usar una cuenta de Gmail personal para fines profesionales supone una brecha de seguridad, a lo que Hidalgo de Murillo ha respondido que no, ya que la guía de la Fiscalía General del Estado solo ofrece recomendaciones y no prohibiciones al respecto. Ha añadido que, en casos donde la comunicación es crucial, se puede optar por cuentas privadas por razones de seguridad.
Finalmente, Hidalgo de Murillo ha aclarado que no inició ninguna investigación interna sobre el caso porque actúa a petición de parte interesada y no de oficio. Además, ha informado que los fiscales no están obligados a notificar cambios en sus datos de contacto.