La Fiscalía ha rechazado la solicitud de suspensión cautelar de la orden de detención nacional, emitida por el magistrado del ‘procés’, Pablo Llarena, contra el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en el contexto del recurso de amparo presentado por este último.
Puigdemont argumentaba que dicha suspensión era ‘no sólo procedente sino imprescindible para garantizar la efectividad del recurso de amparo’ debido a que la orden afecta ‘una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad’, además de impedir su derecho a la participación política como parlamentario electo.
Sin embargo, Pedro Crespo, jefe de la Fiscalía del TC, argumenta que las alegaciones de Puigdemont sobre la afectación de su libertad son meramente hipotéticas y dependen en gran medida de su propia voluntad, tal como ha quedado demostrado a lo largo del tiempo.
Crespo critica que Puigdemont intente presentar ‘como una coacción que le impide entrar en territorio nacional lo que, en términos jurídicos, no es más que el fruto de su propio temor -no susceptible de tutela cautelar- a ser privado de libertad’. Además, añade que no es competencia del Constitucional cuestionar la orden de Llarena en este trámite, sino más bien valorar la existencia de un riesgo de fuga ya consumado.
El fiscal concluye que ‘nada hay en consecuencia que restablecer en el plano de la libertad personal del actor, que disfruta de ella en tanto se mantiene voluntariamente fuera del radio de acción de la Justicia española’.
Este posicionamiento es similar al adoptado en el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, a quien también se le negó la suspensión cautelar de la pena de inhabilitación.
El Constitucional decidirá sobre la medida cautelar de Puigdemont en piezas separadas dentro del trámite de sus amparos, aunque fuentes jurídicas proyectan que probablemente será rechazada.