La Fiscalía Anticorrupción ha imputado a José Luis Ábalos, exministro, junto a su exasesor Koldo García, y a Víctor de Aldama, empresario implicado, un nuevo cargo: el uso indebido de información privilegiada. Según la acusación, Ábalos y García informaron a De Aldama sobre la urgente necesidad del Ministerio de Transportes de comprar mascarillas, lo que le permitió a este último preparar una propuesta competitiva que fue finalmente aceptada.
Este detalle se revela en el escrito presentado por Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Especializada, ante el Tribunal Supremo, que anticipa un juicio contra el exdirigente por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la crisis sanitaria.
La petición del Ministerio Público incluye una pena de 24 años de cárcel para Ábalos, 19,5 años para Koldo y 7 años para De Aldama, acusándoles de múltiples delitos, incluido el recién sumado de aprovechamiento de información privilegiada.
Luzón argumenta que la información avanzada que De Aldama recibió fue crucial para asegurar la adjudicación del contrato a favor de Soluciones de Gestión, la empresa que representaba, permitiéndole adelantarse a otros competidores.
Además, Luzón señala que el contrato inicial no solo fue lucrativo por sí mismo, sino que también abrió las puertas a De Aldama para obtener más contratos en otras regiones como Baleares y Canarias, incrementando significativamente los beneficios de su empresa, de los cuales una parte fue a parar a Ábalos y García como compensación.