La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, quien posee el 45% de la empresa según un contrato privado con Antxon Alonso, fue constituida ‘ad hoc’ para beneficiarse de proyectos como la obra de Mina Muga y futuras colaboraciones en la Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona, ‘sin que conste ninguna contribución precisa a ellas’.
El jefe de la fiscalía, Alejandro Luzón, en su argumentación contra el recurso de Fernando Merino, exdirector de Acciona en Navarra y La Rioja, ha destacado en el Tribunal Supremo (TS) la necesidad de mantener las medidas cautelares impuestas, incluyendo la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte. Luzón enfatiza la ‘estrecha relación’ existente entre Merino y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, que fue ‘clave’ para los intereses de Acciona, influenciando decisiones importantes dentro del Ministerio de Transportes.
Según la fiscalía, Servinabar se utilizó en la obra Mina Muga, y según declaraciones de Merino, era una ‘condición necesaria’ para obtener la adjudicación. Posteriormente, la relación de Merino con Alonso y Cerdán se extendió a otras obras en Navarra mediante la UTE Acciona/Servinabar.
La fiscalía también ha descrito cómo Merino y Acciona realizaron pagos a Koldo García, incluyendo un sistema de facturación ficticia con el Bar Franky, a través del cual se retribuyó a García de manera encubierta. Luzón resalta que la relación económica entre Koldo y Acciona no justificaba ningún trabajo lícito.
Además, Luzón señala que Merino facilitó la conexión de su cuñados con OPR, otra constructora, introduciéndoles en el Ministerio de Transportes, lo que sugiere una mecánica delictiva en la adjudicación de obras públicas que beneficiaría a Acciona y OPR, según la fiscalía.