La Fiscalía Anticorrupción ha identificado la ley de amnistía para el ‘procés’ como una interrupción a la siempre deseable estabilidad del Código Penal, lo que requirió una modificación específica para eximir los actos relacionados con el movimiento independentista catalán.
En la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado de 2024, que recoge Europa Press, se menciona que, Es de agradecer especialmente que el Código Penal mantenga una siempre deseable estabilidad y se haya visto libre de nuevas reformas, salvo la operada en el apartado 1 del artículo 130 en virtud de la LO 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña.
Para implementar dicha ley, fue necesario alterar el artículo para incluir explícitamente la amnistía como una forma de extinguir la responsabilidad criminal. A pesar de esto, la Anticorrupción observa que el año pasado no se presentaron cambios legislativos de gran relevancia, ni en lo sustantivo ni en lo procesal.
RETRASOS INASUMIBLES
Por otro lado, la Fiscalía especial, dirigida por Alejandro Luzón, señala problemas significativos de demoras en la fase de investigación y de instrucción en los casos en los que interviene, identificando esto como una de las principales debilidades que afectan la efectividad y credibilidad de la Administración de Justicia.
Los motivos de estos retrasos incluyen el alto número de investigados, perjudicados y acciones populares, así como los aforamientos y otros privilegios procesales, la necesidad de elaborar complejas periciales económicas y las estrategias dilatorias de los imputados, que encuentran un ambiente propicio debido a un sistema de recursos excesivo.
Esto resulta en consecuencias negativas como la capacidad de los investigados de esconder pruebas, la prescripción de los delitos, la frecuente consideración de la atenuante de dilaciones indebidas, la exposición pública de los investigados y la insatisfacción general de la ciudadanía frente a una respuesta penal lenta e insuficiente.
El tiempo entre la presentación de la calificación provisional y el inicio de los juicios es descrito como verdaderamente inasumible, afectado por la falta de magistrados y salas de audiencia adecuadas, además de la preferencia por adelantar otros procedimientos menos complejos o con presos.
Cuando finalmente se celebran los juicios, los hechos suelen estar olvidados y la práctica de la prueba se ve afectada, resultando en sentencias que rara vez son satisfactorias.
RECLAMA MÁS MEDIOS
Anticorrupción insiste en la creación de nuevas unidades de apoyo en áreas como las contables y financieras y en la mejora de la dotación de medios a los tribunales. Luzón también propone la implementación de órganos de instrucción especializados, lo que podría mejorar la eficiencia en la investigación y represión de la delincuencia económica organizada, ya sea relacionada con la corrupción o no.
A pesar de la necesidad, hasta la fecha no se ha presentado en el Parlamento ningún proyecto para crear un órgano especializado en la fase de enjuiciamiento de estos complejos procedimientos con gran trascendencia política, económica y social.