QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía ha mostrado su respaldo a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga personado como acusación particular en el procedimiento abierto por la lona que Hazte Oír desplegó el 19 de mayo en la fachada de un inmueble situado frente al Congreso de los Diputados, en la que se le calificaba de “corrupto”.
Así consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Ministerio Público rechaza el recurso de la asociación contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid, que en julio autorizó la personación del jefe del Ejecutivo en la causa.
La Fiscalía Provincial de Madrid considera “evidente” que Sánchez “ostenta legitimación en la presente causa como acusación particular, al tener la consideración de víctima directa”.
En otro informe remitido al juzgado, el Ministerio Fiscal apunta que, “sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica más depurada, serían constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo y/o un delito de coacciones o acoso”.
“Puesto que con los mismos”, añade, “se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad”.
La lona y su retirada por orden judicial
La magistrada instructora, María Dolores Baeza, recuerda en un auto que las diligencias se iniciaron en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid —de guardia en ese momento— tras recibir un oficio policial derivado de una denuncia del PSOE por posibles delitos de injurias y calumnias con publicidad contra el presidente del Gobierno.
En la lona figuraba una fotografía de Sánchez junto al término “corrupto” en grandes caracteres, acompañada de imágenes de carpetas con rótulos como “caso Begoña”, “caso Ábalos/Koldo” o “caso fiscal general de Pedro Sánchez”, entre otros. El soporte publicitario fue retirado pocas horas después por orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que acordó la medida cautelar solicitada por los socialistas.
“El uso de la expresión ‘corrupto’ en una lona de grandes dimensiones, acompañando a la imagen del presidente del Gobierno, la creación de una página web denominada ‘elcapo.org’, así como la utilización de la nomenclatura bajo la que son conocidos popularmente distintos procedimientos judiciales (…) forman un conjunto de carácter claramente lesivo para la reputación de Pedro Sánchez, que podría suponer un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión”, razonó el juez que ordenó su retirada.
El magistrado subrayó además que la colocación del cartel frente al Congreso permitía “dar una mayor repercusión al mensaje difundido”. “La ubicación también refuerza el contenido atentatorio contra el prestigio del sujeto pasivo, en tanto es éste el lugar donde ejerce su función de diputado y es sometido al control” por parte de los demás, añadió en su resolución.
Sánchez amplía su denuncia contra Hazte Oír
Posteriormente, Sánchez ha presentado una ampliación de su denuncia inicial contra Hazte Oír, en la que comunica a la jueza que la organización “ha venido desarrollando a través de diversos medios y escenarios idéntica campaña de difamación y desprestigio en los últimos meses”, incrementando así “mayor visibilidad” a los ataques.
“Pese a conocer la retirada de su anterior lona por la utilización de las imágenes y palabras utilizadas, con absoluto desprecio a la resolución judicial, coloca ahora con idéntico contenido toda clase de medios publicitarios a su alcance: globos, motos acuáticas, entrega personalizada en distintos eventos de balconeras con los carteles difamatorios, y de forma pública en Internet crea una página web, que difunde por sus redes sociales”, expone en el escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia.
El presidente del Gobierno solicita “protección” a la magistrada y le pide que adopte “las medidas que el juzgado considere para que cese la conducta” de Hazte Oír, al entender que los hechos pueden “ser considerados como un delito continuado de injurias graves con publicidad al igual que los anteriores”.
Al mismo tiempo, Sánchez reclama que se ordene a la Policía identificar a las personas que aparecen distribuyendo materiales con los carteles “difamatorios e injuriosos”, así como a los responsables de la página web y de los perfiles en redes sociales utilizados para difundir dicha campaña.
