Alejandro Luzón, al frente de la Fiscalía Anticorrupción, se ha manifestado en contra de liberar a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, subrayando su rol fundamental en una supuesta red de comisiones ilegales vinculadas a contratos de obras públicas, lo que le otorgaba un ‘conocimiento privilegiado’ sobre actos corruptos, aún no revelados a los investigadores. Luzón alertó sobre el peligro que Cerdán representa en términos de ‘ocultar’ evidencias y ‘condicionar’ testigos.
En su documento del 10 de julio, al que accedió Europa Press, Luzón contesta al recurso de apelación de la defensa de Cerdán, quien solicita anular la detención preventiva que comenzó el 30 de junio por delitos como organización criminal y cohecho, argumentando ser blanco de una ‘causa general’.
La Fiscalía enfatiza que Cerdán, con la colaboración indispensable de José Luis Ábalos y Koldo García, ‘habría liderado un sistema corrupto y extendido en la asignación de obras públicas de la Dirección General de Carreteras y Adif’, según el escrito. Desde su posición estratégica en el PSOE, habría penetrado en el Ministerio de Fomento en junio de 2018, estableciendo un esquema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas.
Luzón detalla que Cerdán jugaba un rol clave al gestionar las comisiones con las constructoras y distribuirlas entre Ábalos y García, lo que le daba un papel predominante en la organización delictiva. ‘Solo de él podemos decir que sabía quién era el responsable del pago, cuál era la cantidad que importaba la mordida, cuándo, cómo y dónde se debía satisfacer esta y quiénes eran todos los beneficiarios’, aclara.
Además, Luzón resalta que Cerdán es el único que conoce a ‘qué personas físicas o jurídicas pudieran ser destinatarios del botín obtenido’. Este conocimiento de detalles aún no claros en la investigación subraya la necesidad de mantenerlo detenido para evitar que manipule, altere o destruya pruebas importantes.
DESCARTA LA TEORÍA DEL ‘DELITO PROVOCADO’ POR KOLDO
La Fiscalía también desacredita la teoría de un ‘delito provocado’ presentada por la defensa de Cerdán, que describe a Koldo como un agente encubierto. Luzón sostiene que las grabaciones de Koldo buscaban documentar una infracción ya cometida. Además, defiende que, aunque algunas partes de las grabaciones sean incomprensibles, el conjunto de las conversaciones tiene una clara implicación incriminatoria.
Por último, Luzón desestima la idea de que Cerdán sea víctima de una ‘causa general’, criticando que durante su declaración como imputado solo respondió a preguntas de su abogado, en un formato que parecía una ‘complaciente entrevista’. Así, Luzón concluye que existen ‘un amplísimo caudal de indicios incriminatorios’ que rodean a Cerdán, incluyendo su relación con la empresa Servinabar y su interés en obras públicas sospechosas de corrupción.