Según la Fiscalía Provincial de Madrid, la exmilitante socialista Leire Díez, en complicidad con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, ha sido la cabecilla de una ‘actuación delictiva, continuada y coordinada’ con el objetivo de ‘desacreditar a los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción’ para ‘anular o malbaratar’ sus indagaciones en ‘casos relevantes que afectan a políticos y empresarios’.
Así lo ha manifestado el Ministerio Público en un recurso de reforma, al que accedió Europa Press, presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, solicitando al juez Arturo Zamarriego reconsiderar su decisión de no investigar las acusaciones formuladas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda en el caso abierto contra Díez.
Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y el juez ha decidido incluir las denuncias y tomar declaración a Stampa y Grinda, entre otros, como testigos.
Las investigaciones surgen de denuncias de Hazte Oír, una originada en los juzgados de instrucción de Badajoz, tras divulgarse audios en los que Díez ofrecía favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y la Fiscalía.
En su recurso de reforma, la Fiscalía alegaba que era crucial investigar los hechos ‘conjuntamente’ porque ‘el patrón de actuación es exactamente el mismo’ en las reuniones con Hamlyn, Stampa y Grinda: ‘recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales fundamentalmente’.
Para el Ministerio Público, es ‘fundamental’ la ‘singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díaz Castro, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado’. ‘Esto es determinante’, subraya el fiscal Juan Pablo Nieto.
El fiscal Nieto considera que es ‘evidentemente’ que la conexión entre los denunciados –Díez, Pérez Dolset y Rusiñol– trata presuntamente de ‘manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas’, refiriéndose a la UCO y Anticorrupción.