La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que reevalúe las medidas cautelares aplicadas a José Luis Ábalos y a Koldo García. Sobre ambos pesa prohibición de salir del país y obligación de comparecer cada quince días ante la justicia, tras haber sido acusados de graves delitos en el marco de la supuesta trama de mascarillas, con peticiones fiscales de 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente.
En su documento de acusación, la Fiscalía propone que se convoque una audiencia para «la modificación de las medidas cautelares personales», lo que podría intensificar las restricciones actuales e, incluso, llevar a un encarcelamiento provisional de los implicados.
Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, imputa a Ábalos y su antiguo asesor delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, exigiendo además el pago de multas que ascienden a 3,9 millones de euros.
Adicionalmente, se exige que compensen económicamente a Ineco y Tragsatec con cantidades de 34.477,86 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, y se ordene el decomiso de beneficios obtenidos del cohecho, que suman al menos 430.298,4 euros.
Leopoldo Puente, instructor del ‘caso Koldo’ en el Supremo, confirmó en octubre las medidas cautelares en vigor, tras reevaluar la situación y escuchar a las partes, incluyendo las acusaciones del PP que abogaban por la prisión provisional. Ábalos se acogió a su derecho de no declarar, mientras que de Koldo se destacó su posible acceso a fondos no localizados y relaciones internacionales anteriores, sin que se determinara un alto riesgo de fuga o de alteración de pruebas en ese momento.