Fiscalía, PP y EH Bildu se plantan contra la anulación de los registros del caso del Palacete de Getxo

Fiscalía, PP y EH Bildu se oponen a anular los registros de la Ertzaintza en el caso del palacete protegido de Getxo y el juez decidirá sobre los recursos.

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El ayuntamiento de Getxo David de Haro - Europa Press

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La Fiscalía, el PP y EH Bildu han mostrado su rechazo a la solicitud presentada por los investigados en la causa por el derribo del palacete protegido de Getxo (Vizcaya), que reclamaban dejar sin efecto los registros practicados por la Ertzaintza los días 14 y 15 de enero en sus despachos y en distintas dependencias municipales del Ayuntamiento, todo ello por mandato judicial, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las entradas y registros fueron acordados por la magistrada en prácticas de refuerzo Neus Galobardes, responsable de la instrucción en los últimos meses. Sus autos fueron recurridos por las defensas, que alegan que se habrían vulnerado su presunción de inocencia y su derecho a la intimidad, entre otros derechos fundamentales.

La resolución de estos recursos queda ahora en manos del juez Marcos Amor, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, que ha asumido la investigación en sustitución de Galobardes.

El magistrado decidirá una vez estudiados los escritos presentados este lunes por la Fiscalía y por PP y EH Bildu, que actúan como acusación popular, en los que se oponen a la nulidad de los registros al entender que no se ha conculcado ningún derecho de los encausados.

La Ertzaintza permanece a la espera de poder examinar la información almacenada en los dispositivos tecnológicos intervenidos para continuar con las diligencias, acceso que debe contar con la autorización expresa del juez instructor.

En la causa sobre el palacete Irurak Bat figuran como investigadas diez personas: tres concejales del PNV, tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto redactor del proyecto y otro profesional que intervino en la operación.

Todos ellos, junto con dos testigos –el empresario que previamente descartó la operación por no considerarla viable económicamente y el técnico que realizó la Inspección Técnica del Edificio (ITE)– habían sido citados a declarar el próximo día 25, pero sus comparecencias han quedado aplazadas a petición de las defensas.