Ante la complejidad del ‘caso Montoro’, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado encargado de la investigación que agrupe a las acusaciones populares. Esta medida busca evitar complicaciones en el manejo del proceso, en el cual se indagan posibles pagos de compañías de gas al bufete Equipo Económico con el objetivo de conseguir descuentos fiscales mediante el Ministerio de Hacienda.
La fiscal Carmen García ha reaccionado así tras la decisión del juez instructor Rubén Rus de permitir la presencia de Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), Sociedad Humana y Luis José Sáenz de Tejada como acusaciones, que se suman al PSOE ya presente en el caso.
Según un recurso al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal advierte sobre el elevado número de afectados que desean personarse como acusaciones populares, recomendando una representación y defensa unificadas para todos ellos. García argumenta que, de no ser así, el derecho a un proceso sin demoras indebidas podría verse comprometido y la gestión del caso resultaría más compleja.
Por tanto, ha pedido al juez de Tarragona que establezca que todas las acusaciones populares se presenten bajo una única representación legal, siendo esta la de la primera acusación personada. Esta propuesta no infringe el derecho a la jurisdicción, según la jurisprudencia, ya que busca preservar el orden y la celeridad del proceso.
En este sentido, la Fiscalía está de acuerdo con el bufete fundado por el exministro Cristóbal Montoro y otras entidades implicadas, que también abogan por unificar las acusaciones a pesar de sus diferencias ideológicas.