La Fiscalía ha propuesto cerrar el caso contra Cristina Álvarez y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al determinar que la “ayuda” ofrecida “ocasionalmente” por Álvarez no se ajusta a un caso de malversación de fondos públicos. Este archivo se sugiere tras la evaluación de los hechos por el fiscal adjunto al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, quien recibió el informe el pasado sábado.
En la sesión judicial no presencial, donde se representaron los imputados a través de sus abogados, el fiscal ya había recomendado el archivo del caso, posición que ha mantenido firme en sus declaraciones recientes. Él ha destacado que Gómez, al no ser funcionario público, no puede ser considerada como partícipe en un delito de malversación.
Respecto a Álvarez, el fiscal ha destacado que ella ha desempeñado adecuadamente sus funciones asignadas, sin que su intervención ocasional en tareas de apoyo haya supuesto un detrimento para los recursos públicos. Además, ha mencionado que no existe evidencia de actos irregulares o de abuso en el desempeño de sus funciones que justifiquen una acusación de malversación.
El funcionario también ha tratado la cuestión de los correos electrónicos entre Álvarez y la Universidad Complutense, indicando que estos formaban parte de las labores habituales de su cargo y negó que estos actos tuviesen una repercusión negativa en el patrimonio estatal.
Finalmente, en relación a Francisco Martín Aguirre, el fiscal ha concluido que no hay pruebas suficientes que impliquen una actuación indebida en relación con los cargos que desempeñó en el Ministerio de la Presidencia.