La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Burgos ha reiterado su solicitud de condenas que alcanzan en conjunto los 214 años de prisión para los seis acusados de integrar una presunta red de trata de mujeres desarticulada en la provincia.
En la vista dedicada a las conclusiones finales celebrada este martes, la representante del Ministerio Público ha vuelto a reclamar una pena de 64 años de cárcel para la principal procesada, a la que considera la líder de una organización criminal que, según ha denunciado, explotaba de forma sistemática la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
La fiscal del procedimiento ha descrito que los procesados actuaban como una “maquinaria engrasada” destinada a captar mujeres en contextos de precariedad mediante falsas ofertas de empleo. Tal y como ha detallado en su informe final, la red introducía a las víctimas en España con visado de turista y, una vez aquí, aprovechaba su posterior situación de irregularidad administrativa para anular su capacidad de decisión.
La acusación pública ha incidido en que las mujeres permanecían sometidas a un “control férreo” sustentado en amenazas y daños psíquicos que bloqueaban cualquier posibilidad de actuar con autonomía. El Ministerio Fiscal ha otorgado plena credibilidad a las declaraciones de las tres testigos protegidas que han intervenido en el juicio, a las que ha calificado como “auténticas heroínas”.
Según ha sostenido la Fiscalía, sus manifestaciones han sido “coherentes y sin fisuras”, lo que permitiría considerar acreditado un escenario de trata de seres humanos, prostitución forzada y abuso de poder. En la estructura descrita por la acusación, la principal encausada ejercía la coacción de manera directa, mientras que el resto de implicados asumían funciones de vigilancia, cobro del dinero y organización logística de los inmuebles donde se desarrollaba la actividad.
En cambio, las defensas de los seis acusados han pedido la absolución total al entender que no ha quedado demostrada la existencia de una trama criminal. Los letrados han sostenido que las testigos habrían recurrido a las denuncias como vía para regularizar su situación en España y han reducido la intervención de sus clientes al mero arrendamiento de habitaciones. Asimismo, han mantenido que las mujeres ejercían la prostitución voluntariamente, argumentando que conservaban sus pasaportes y podían mantener cierta vida social.
La representante del Ministerio Público ha rechazado de plano estos planteamientos, al considerar que carecen de solidez frente a una investigación policial “exhaustiva” desarrollada durante más de dos años. Ha insistido en que los hechos relatados por las víctimas resultan incompatibles con la versión ofrecida por las defensas y ha reiterado que la organización actuaba de forma coordinada con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante la explotación de las mujeres.
Tras la lectura y ratificación de las conclusiones definitivas por todas las partes, el juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Burgos.