La Fiscalía de Málaga solicita una condena de 48 años y ocho meses de cárcel para un hombre al que atribuye haber asesinado presuntamente a su pareja, en un contexto de violencia de género, y después haber provocado un incendio en la vivienda familiar de Benalmádena en febrero de 2025, todo ello en presencia de sus tres hijos menores, que entonces tenían once, nueve y siete años.
De acuerdo con el escrito de acusación provisional, firmado por la fiscal decana de Violencia sobre la Mujer de Málaga, Flor de Torres, el procesado y la víctima mantenían una relación desde 2008 y eran padres de tres hijos. Ambos residían en una casa en la que también vivían, en zonas separadas, la madre de la mujer y otro hijo de ella, nacido de una relación anterior.
En las conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público sostiene que desde el comienzo de la convivencia el acusado “proyectó sobre su pareja un rol de genero instalado en la desigualdad”, de forma que supuestamente “desarrolló conductas de control, aislamiento social, dominio y subordinación que produjeron impacto directo en su autonomía y en su red de apoyo”.
Según la fiscal, el hombre presuntamente la insultaba y la amenazaba con arrebatarle la custodia de los hijos y, además, les decía a los menores “la intención de asesinar a su madre”, sometiéndoles también a “castigos exacerbados, pegándoles con un cinturón o con la mano”. El aislamiento que imponía no solo era social, sino también familiar, impidiendo la relación de los tres niños con el hijo mayor de la mujer.
El escrito describe comportamientos en los que el acusado actuaba con “desprecio sobre ella”, mediante “del dominio y control”, y menciona igualmente “la manipulación y victimización de los menores”, lo que habría supuesto “un sometimiento de toda la unidad familiar al acusado”. La mujer, indica la acusación, trató de poner fin a la relación en varias ocasiones, pero él se lo impedía recurriendo a la violencia física y psicológica.
El 9 de febrero de 2025, de madrugada, el acusado acudió al domicilio familiar, al que aún tenía acceso aunque ya no residía allí de forma permanente, y lo hizo supuestamente “con el propósito de acabar con la vida de la víctima”. Se dirigió al dormitorio donde ella dormía con los niños, vistiendo una sudadera con capucha y un pasamontañas.
“Le agredió de forma sorpresiva sin posibilidad de defensa alguna, en presencia de los menores”, expone la Fiscalía, que considera que fue una agresión “promovida por el desprecio a su condición femenina”, y que el hombre llevaba un anillo tipo puño americano con forma de lobo. Asimismo, se le imputa que, “tras la agresión, cogerla del cuello para posteriormente estrangularla”.
El hijo de once años intentó auxiliar a su madre y también resultó atacado, según el ministerio público, que añade que el acusado prendió fuego “a donde estaba postrada” la mujer. El incendio, “causado intencionalmente por el acusado”, se habría iniciado con sustancias acelerantes, generando “con el inminente riesgo de propagación y afectación a los menores que estaban dentro”.
El hombre abandonó supuestamente la vivienda dejando a todos en el interior y realizó dos llamadas para avisar del fuego. Los Bomberos hallaron el cuerpo de la víctima, fallecida por estrangulación y “completamente calcinado”. La Policía Local localizó en la puerta al hijo de once años y, dentro de la casa, a las otras dos menores “aterradas”.
Cuando fue detenido en la vía pública, el acusado manifestó: “Ahí dentro está la mujer”. Por estos hechos, la Fiscalía le imputa un delito de asesinato con alevosía en el marco de la violencia de género, por el que reclama 25 años de prisión, además de un delito de maltrato habitual, tres delitos de malos tratos, un delito de incendio, otro de amenazas, uno de coacciones y un delito leve de vejaciones.
En conjunto, la petición asciende a 48 años y ocho meses de cárcel, con la aplicación de las agravantes de parentesco y de género. La acusación reclama también la retirada de la patria potestad sobre los menores, considerados víctimas directas y vicarias del asesinato, la prohibición de acercarse o comunicarse con ellos y con la abuela materna, así como el abono de 111.200 euros de indemnización a cada hijo y 180.000 euros a la madre de la fallecida.