La Fiscalía y las defensas de los acusados por un supuesto delito de cohecho relacionado con el presunto encargo del empresario Javier López Madrid al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que hostigara a la dermatóloga Elisa Pinto han solicitado su absolución al considerar que no existen pruebas suficientes.
Estas peticiones se han formulado este martes durante la exposición de los informes finales en la última sesión del juicio, celebrado en la Audiencia Nacional (AN) contra López Madrid, Villarejo y su socio Rafael Redondo, que ha quedado visto para sentencia. Queda aún pendiente otro procedimiento por el presunto acoso a la doctora, señalado para febrero.
Tanto las defensas como el Ministerio Fiscal han coincidido en que no se ha acreditado ningún pago de López Madrid a Villarejo —o a su grupo empresarial, CENYT— destinado a intervenir en el conflicto personal que mantenía con la dermatóloga.
En esta línea, el abogado del comisario retirado ha subrayado que “ni los hechos objeto de acusación ni el propio escrito” de la letrada de Pinto “contienen la descripción fáctica que permitiría condenar por cohecho”. También ha sostenido que la declaración de la dermatóloga no resulta “coherente” con la de una persona “que dice estar en una relación forzada”.
En su testimonio, la doctora admitió que se sentía “obligada” a mantener “una comunicación” con el empresario que “no quería tener”, a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y visitas a su domicilio y a su consulta.
La defensa de Redondo, por su parte, ha reiterado que “no se ha podido demostrar” que López Madrid abonara cantidad alguna a Villarejo y que la intervención de su cliente en los hechos investigados “es nula”.
Por ello, el letrado ha manifestado que no entiende “qué tiene que ver” la visita que Redondo y López Madrid realizaron a la consulta de Pinto con un delito de cohecho y ha defendido que su representado es “una víctima colateral de una guerra ajena”.
En cuanto a López Madrid, su abogado ha insistido en que no existe documento alguno que acredite un pago a Villarejo y ha afirmado que “nunca le dijo que era funcionario en activo”.
Fiscalía sostiene que no hubo “dádiva, presente o promesa”
El Ministerio Público —que ya se opuso a la apertura de juicio oral contra los acusados— ha reiterado su petición de absolución al no apreciar “dádiva, presente u ofrecimiento de promesa” del empresario a Villarejo para llevar a cabo el supuesto encargo, requisito que ha calificado como “elemento objetivo concomitante” del delito de cohecho.
Ha admitido, no obstante, la existencia de “elementos desfavorables” para su postura absolutoria, como la anotación “entrega 10 a cuenta” localizada en la agenda de Villarejo.
Aunque el fiscal ha reconocido que las notas del comisario jubilado “tienen valor probatorio”, ha concluido que dicha expresión “no despliega la energía probatoria suficiente para destruir la presunción de inocencia”.
Respecto a las comparaciones con otros procedimientos en los que ha estado implicado Villarejo, invocadas por la acusación de Pinto, el Ministerio Público ha señalado que “son perfectamente conocidos”, pero que “no tienen valor probatorio”.
Pinto, “víctima” de una “muerte civil”
En su informe final, la abogada de Pinto ha mantenido la petición de condena y ha defendido que el pago ha quedado “perfectamente acreditado” en este procedimiento, si bien ha recordado que “rara vez” existe un registro formal de las “hojas de encargo”.
La acusación ha precisado que la primera denuncia de Pinto data de 2014 y que Villarejo “estaba anotando” en sus agendas “lo que ella estaba denunciando”. “En todas sus denuncias, la doctora repitió una y otra vez lo mismo, que quedó constatado por las agendas del señor Villarejo”, ha recalcado.
Al igual que la Fiscalía, ha aludido a la anotación “entrega 10 a cuenta”, que a su juicio evidenciaría que el pago “se entregó en efectivo y, por lo tanto, no hay absolutamente ningún pago”.
También ha destacado que en las notas del comisario jubilado “jamás se habla de los otros procedimientos que en ese momento tenía abiertos López Madrid”, sino que “únicamente” se hace referencia a “llamadas de teléfono amenazantes”, supuestamente realizadas por Pinto.
“No hubo otro encargo, hubo este encargo. A este encargo es al que se refieren las agendas en todo momento, sin que hayamos podido identificar ningún otro”, ha puntualizado.
La letrada ha recordado además que López Madrid “no quería denunciar”, lo que, según su criterio, “delimita el delito que se cometió”.
Ha añadido que la doctora sufrió una auténtica “muerte civil” tras difundirse en los medios de comunicación que era “una psicópata de manual”, en línea con el “informe del inspector Alberto Carba”.
“Sin ser una persona pública, ni un personaje público, estaba sufriendo el tener que abrir a las 9 de la mañana la puerta de su consulta y tener pacientes, uno seguido del otro, que el día anterior por la mañana se habían levantado leyendo que era una psicópata de manual y que había utilizado a su hijo para realizar las llamadas amenazantes”, ha lamentado la abogada.
Los tres acusados han renunciado a ejercer su derecho a la última palabra, y la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha dejado el juicio visto para sentencia.
Villarejo niega haber cobrado por el presunto encargo
En su declaración ante el tribunal, Villarejo sostuvo que su papel en el conflicto entre López Madrid y la dermatóloga se limitó a que el empresario le utilizó “como psiquiatra y se ahorró los honorarios”.
El comisario retirado relató que conoció a López Madrid en el verano de 2013, presentado por un empresario con el que compartía planta en CENYT, quien le trasladó que “un amigo” atravesaba un problema personal.
Tras conocer los hechos, Villarejo explicó que le pareció “el clásico problema sentimental, donde dos personas habían roto y una de las partes no había aceptado la ruptura”.
El comisario jubilado se refirió también a un audio en el que se le escucha decir que López Madrid “era un tipo muy pesado” y reiteró que este le utilizó “como psiquiatra”, ahorrándose “los honorarios”.
Del mismo modo, negó haber recibido dinero por el presunto encargo, así como haber entregado a López Madrid una “hoja de encargo profesional con los servicios” que podía ofrecer a través de CENYT.
La versión de Pinto sobre el poder de López Madrid
Por su parte, Elisa Pinto declaró que el empresario Javier López Madrid contrató al comisario jubilado porque “era experto en hacer coartadas” y porque podía “ayudarle a hundir cualquier denuncia” por las presuntas amenazas que ella venía denunciando.
“En una de las múltiples llamadas que me hacía, me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo, que era experto en hacer coartadas y que podía hacer que cualquier denuncia que yo le pusiera quedase sepultada. Y que era, además, experto en poner en su sitio 'a las chulas' como yo”, aseguró.
La dermatóloga insistió en que “no quería denunciar el acoso” porque el empresario “tenía el poder” para destruirla “personal y profesionalmente” y que su objetivo era que “quería que todo parara”.
“Él tenía el poder, tenía los contactos con los centros hospitalarios con los que yo trabajaba y era amigo de los pacientes que iban a mi consulta”, concluyó.