La Fiscalía ha instado a la Audiencia Provincial de Madrid a prevenir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revise los correos electrónicos de la cuenta oficial de la Presidencia perteneciente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018, fecha en la que se designó a su asesora, hasta la actualidad.
El Ministerio Público presentó un recurso de apelación, según documentos a los que accedió Europa Press, contra la orden del juez Juan Carlos Peinado del pasado 3 de septiembre, que requería tal acción por parte de la Guardia Civil, calificándola de “absolutamente desmesurada”.
Para el fiscal, esta diligencia compromete “indudablemente” la “intimidad y el secreto de las comunicaciones, y, en última instancia, el derecho al entorno virtual de la persona implicada”. “Es decir, se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos”, señala, enfatizando que por este motivo, la acción debería haberse formalizado mediante un auto, no una providencia.
Además, recuerda que la Audiencia de Madrid ya ha advertido previamente al juez Peinado sobre la necesidad de dictar ciertas resoluciones por auto.
La Fiscalía argumenta que la decisión del instructor carece de la motivación fundamental y subraya la necesidad de justificar la adopción de tal medida y su objetivo.
En este contexto, critica la falta de análisis sobre los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad y necesidad de la diligencia, cuestionando: “¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado? (…) ¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida”.
Este recurso se une al presentado por la defensa de Begoña Gómez, representada por el exministro socialista Antonio Camacho, que también solicitó a la Audiencia de Madrid detener el análisis de los correos.