QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía ha elevado una solicitud a la Audiencia Nacional para que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, subordinada al Ministerio de Transición Ecológica, sea instruida a iniciar un proceso de responsabilidad medioambiental para evaluar el impacto de nuevas líneas eléctricas en Igorre (Vizcaya) sobre el alimoche común (neophron percnopterus), una especie clasificada como vulnerable con riesgo de pasar a peligro de extinción.
El Ministerio Público compartió esta información a través de un comunicado de prensa este viernes, junto con una respuesta a un recurso contencioso-administrativo presentado ante la Audiencia Nacional.
La Fiscalía reaccionó a un recurso interpuesto tras la inacción de Transición Ecológica ante una petición formal para implementar medidas que prevengan la electrocución de alimoches en el tramo Güeñes-Itxaso, en Atxarte, Igorre, Vizcaya.
El fiscal Manuel Campoy ha pedido que se reconozca parcialmente la validez de la reclamación y se ordene a Transición Ecológica a gestionar un procedimiento de responsabilidad medioambiental debido a posibles daños al Patrimonio Nacional por la creación e instalación de una línea eléctrica aérea promovida por la empresa Red Eléctrica de España SAU.
El Ministerio Público subraya que la instalación de esta línea impacta una de las pocas áreas de España donde aún vive, se reproduce y anida el alimoche común.
En su documento, el fiscal destaca que existen informes periciales que determinan que la construcción e instalación de los soportes T-40 a T-44 del trazado de la línea eléctrica aérea de 400 kv doble circuito Güeñes-Itxaso representa una amenaza seria y significativa para la población del alimoche en Vizcaya mediante la reducción de la calidad del hábitat en Igorre, que pasará de ser óptimo a subóptimo por abandono del nido por otro territorio en una zona subóptima y muerte por colisión de jóvenes y/o adultos en días de niebla.
La Fiscalía recuerda que la responsabilidad medioambiental es un derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo personal y el deber de preservarlo.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Finalmente, el Ministerio Público concluye que la desestimación por silencio administrativo de la solicitud del demandante sin iniciar ni tramitar el procedimiento de responsabilidad medioambiental no es conforme a derecho y, por lo tanto, anulable.
Por esta razón, solicita a la Audiencia Nacional que emita una sentencia que también obligue a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a procesar el procedimiento de responsabilidad medioambiental (estableciendo un plazo judicial para su cumplimiento), para determinar la existencia o no de responsabilidad medioambiental, y adoptar, de ser necesario, las medidas adecuadas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación.
