La Fiscalía del Área de Cartagena, en Murcia, ha encargado a la Guardia Civil investigar si hubo una coordinación en las redes sociales que buscara promover el odio durante los disturbios de julio en Torre Pacheco.
Según un decreto obtenido por Europa Press, la fiscal especializada en Delitos de Odio, Elena González, ha pedido a la Guardia Civil que «determine si pudo existir un acuerdo de voluntades entre todos o algunos de los perfiles» en la red social ‘X’ investigados «para la comisión del delito, difundiendo de manera masiva contenidos que incitaban al odio y la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio (origen nacional y/u origen racial)».
La intención es verificar si los perfiles mencionados en las quejas de IU-Verdes, el Partido Comunista y Podemos en Murcia –que incluyen a Alvise Pérez, Daniel Esteve, Vito Quiles o Daniel Ocaña– actuaron conjuntamente para difundir mensajes de odio. Esto, según el decreto, servirá «a efectos de determinar la competencia territorial» y decidir qué autoridad debe llevar la investigación.
La fiscal ha solicitado específicamente que la Guardia Civil prepare un informe que detalle la fecha de las publicaciones, el entorno social en el que se emitieron, si hay más publicaciones de índole similar, y la naturaleza y fuerza del lenguaje usado.
Además, requiere un análisis sobre «los factores de polarización concurrentes en los comentarios respecto a los colectivos afectados», y conocer «si se dispone de datos que vinculen al autor o autores con movimientos extremistas o contrarios a los colectivos a los que dirige sus comentarios».
INVESTIGACIÓN A PARTICULARES
David Campayo, fiscal jefe de Cartagena, describió a Europa Press que se trata de un estudio sobre individuos, no sobre miembros de un partido en particular, para determinar si sus expresiones constituyen un delito de odio y si resultaron de un consenso.
Campayo añadió que, si se confirma, las quejas se tratarían en un único proceso, pero si no se halla conexión entre las declaraciones de los investigados, los documentos se enviarían al juzgado correspondiente a los perfiles implicados.
Por otro lado, se ha enviado a la Fiscalía General del Estado la parte de la investigación que involucra al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, quien, siendo diputado, está aforado ante el Tribunal Supremo, como se menciona en el decreto. Esta acción responde a una denuncia de Podemos por declaraciones hechas por el político en la red social el 12 de julio pasado.
Es importante recordar que en julio la Fiscalía del Área de Cartagena también inició procedimientos contra José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, para indagar si sus declaraciones durante un acto público ese mismo día en Cartagena pueden ser consideradas como un delito de odio.