QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido este jueves que “aún en la hipótesis” de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hubiera filtrado el correo sobre Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—, “en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios”. Sánchez Conde ha expuesto esta tesis durante la sexta sesión del juicio en el Tribunal Supremo, subrayando que el presunto correo ya circulaba ampliamente cuando llegó a manos del fiscal general. A su juicio, este elemento desactiva la acusación de revelación de secretos, que exige que la información divulgada tenga carácter reservado.
Mientras tanto, la acusación particular, ejercida por González Amador, ha presentado una versión diametralmente opuesta. Su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, ha sostenido en su informe final que la actuación del fiscal general supuso “una sentencia popular” que presentó a su cliente como “un delincuente confeso”, vulnerando su presunción de inocencia y convirtiéndolo —según dijo— en “moneda política” dentro de un “relato institucional” que atribuye al Gobierno.
La acusación mantiene que la supuesta filtración del correo enviado por la defensa de González Amador el 2 de febrero de 2024 —en el que se proponía un acuerdo por dos delitos fiscales— y la posterior nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo construyeron un relato de culpabilidad que se amplificó en el debate político y mediático.
Rodríguez Ramos ha recalcado que “no era necesario” incluir en la nota institucional el detalle sobre la oferta de reconocimiento de delitos para desmentir ninguna información previa, como argumentó García Ortiz. También ha insistido en que la revelación de esos datos, incluso si ya estaban en los medios, “no elimina la posible vulneración del secreto”, citando doctrina del TJUE y del TEDH sobre presunción de inocencia.
El fiscal general se enfrenta a seis años de cárcel y doce de inhabilitación por un presunto delito de revelación de secretos. El tribunal continúa deliberando sobre una causa que ha adquirido un marcado perfil institucional y político, en medio de versiones totalmente contrapuestas sobre el alcance y la naturaleza de la información que llegó a la prensa.
