La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares impulsadas por el PP han solicitado al Tribunal Supremo que el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García permanezcan en prisión provisional ante la cercanía del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia.
Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, esta petición se formuló en las dos vistas celebradas este jueves para resolver los recursos de ambos investigados, en las que las partes expusieron sus posiciones sobre la conveniencia de mantener o no la medida cautelar.
Las defensas de Ábalos y Koldo reiteraron sus recursos contra la resolución dictada el pasado 27 de noviembre por el instructor del “caso Koldo”, el magistrado Leopoldo Puente, que acordó su ingreso en prisión provisional sin fianza al apreciar un riesgo “extremo” de fuga, extremo en el que las acusaciones insistieron de nuevo durante las vistas.
El exministro de Transportes compareció representado tanto por su anterior letrado, Carlos Bautista, que renunció a seguir asumiendo la defensa por “diferencias contractuales” con Ábalos, como por su nuevo abogado, Marino Turiel, ya que el juez instructor ordenó al primero asistir a la vista salvo que solicitara que no se celebrase.
En el recurso al que tuvo acceso Europa Press, Ábalos reprochaba al magistrado un “uso irrazonable del derecho” al acordar su ingreso en prisión con una “base de vaguedades y excusas procesales”.
Su defensa solicitó a la Sala de lo Penal que acordara su puesta en libertad al negar la existencia de riesgo de fuga y al sostener que, “ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de” la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, “tras su paso por un centro penitenciario”.
El recurso subrayaba además que, a juicio de la defensa, el instructor no valoró adecuadamente la “realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales” de Ábalos, destacando que tiene un “hijo menor que está a su cargo los fines de semana” y que el exministro “tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos”.
Hasta 30 años de prisión
Por su parte, Koldo reclamó igualmente al Supremo que decretase su libertad y se mostró dispuesto a abonar una fianza para salir de la cárcel, alegando que el aumento de su patrimonio está “justificado” por sus ingresos y denunciando que el auto de prisión provisional “asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo”.
La defensa de Koldo negaba que pudiera interferir ya en la investigación, al entender que “las fuentes de prueba ya han sido recabadas y formalizadas”, y rechazaba también la posibilidad de reiteración delictiva, dado que “los hechos imputados están circunscritos a un contexto temporal y funcional específico (su posición como asesor de un aforado), del que ya se encuentra apartado por lo que la reiteración sería de todo punto imposible”.
El escrito añadía que el magistrado se refiere a “una supuesta ingente cantidad de dinero no encontrada sin sustento probatorio y silenciando el reembolso de gastos de la Secretaría de Organización del PSOE” de 127.000 euros “en los años analizados”.
“Corroborado por dos testigos que por separado afirmaron que mi mandante era el responsable del manejo de ese efectivo procedente del PSOE, y por tanto de origen legal para él, lo que explicaría la procedencia del dinero utilizado por mi mandante”, señalaba la defensa.
El instructor procesó a Ábalos y a Koldo, actualmente internos en la prisión madrileña de Soto del Real, por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. A su vez, las acusaciones populares encabezadas por el PP solicitan 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena interesada por el Ministerio Público.