La Fiscalía y los letrados de los tres investigados en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han reiterado ante el juez Juan Carlos Peinado su petición de que se archive el procedimiento. De forma paralela, la asociación Manos Limpias ha mostrado su rechazo a la intención del magistrado de encaminar el asunto hacia un tribunal con jurado popular.
Fuentes jurídicas explican que los abogados de Gómez, de su asistenta en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés han vuelto a solicitar a Peinado que ponga fin a la investigación durante la vista celebrada este miércoles, en la que el instructor ha comunicado a las partes su propósito de someter el caso a un jurado popular si finalmente se abre juicio oral.
Mientras tanto, Manos Limpias, cuya denuncia originó que en abril de 2024 se incoara la causa, se ha desmarcado del resto de acusaciones populares por “divergencia de postulados” y ha reclamado al juez poder actuar de manera independiente, sin quedar bajo la dirección letrada de Hazte Oír.
En un escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, la organización sostiene que no aprecia “motivos siquiera indiciarios” del delito de intrusismo profesional, apunta que el de apropiación indebida de marcas “no se encuentra tipificado como tal” y descarta la existencia de corrupción en los negocios: “En tanto nos encontramos en el marco de relaciones y organismos de derecho público, y dicho precepto tipifica hechos relativos a los negocios entre particulares”.
No obstante, comparte “plenamente” que existen “indicios” de posibles delitos de malversación y tráfico de influencias, aunque incide en que para su eventual comisión “resulta imprescindible el concurso del delito de prevaricación --no investigado--, cuyo enjuiciamiento no puede ser atribuido al tribunal del jurado”.
Asimismo, Manos Limpias se ha mostrado favorable a que el juez acuerde el archivo provisional respecto de la asesora de Gómez, “en la medida en que no resulta de la instrucción la existencia de elementos que conduzcan a su incriminación indiciaria” por malversación.
La asociación recuerda que, conforme a la Audiencia Provincial de Madrid, el delito de malversación “solo podría plantearse frente a quien cobrando un salario público no prestase ninguna de las funciones para las ha sido nombrado”.
“No pudiendo deducirse de su participación en las cuestiones relativas a la cátedra que Álvarez participase de modo más o menos directo en el plan concebido por Gómez, resultando más razonable asumir que obedeciendo órdenes de quien entiende su superior jerárquico --a efectos materiales, que no formales-- se viera inmiscuida en las actividades privadas de Gómez, al margen de sus actividades públicas”, expone el escrito.
A juicio de la organización, “cuestión distinta es el comportamiento de Gómez, que hizo uso del medio público puesto a su disposición para sus negocios particulares, así como de la autoridad que la nombró y lo toleró”.
Solicitan más diligencias sobre Gómez y su entorno
Según las mismas fuentes jurídicas, otras acusaciones han pedido a Peinado nuevas diligencias para profundizar en la instrucción, entre ellas la remisión del salario íntegro de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente.
Ante los juzgados de Plaza de Castilla, el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, ha manifestado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, y ha asegurado que desde la entidad acuden “con los deberes hechos, con todo bien atado”.
Vox, por su parte, ha denunciado “los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación” tras una vista que se ha prolongado cerca de tres horas.
La formación ha recordado algunas de las imputaciones que se dirigen contra Begoña Gómez, entre ellas las presuntas “intervenciones de empresas patrocinadas con una financiación de un software valorado en más de 300.000 euros”, así como los supuestos “correos y la constatación de la intervención de Cristina Álvarez, pagada por Presidencia del Gobierno, como asistencia de asuntos personales”.
También ha subrayado el presunto “incremento de Juan Carlos Barrabés y de su grupo empresarial en más de un 400% en los contratos públicos recibidos en Red.es y otras administraciones”.
Para la coordinadora jurídica y letrada de Vox, Marta Castro, “los indicios son más que sólidos” y entiende que “hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase”, extremo que deberá resolver el magistrado en los próximos días.
La formación ha criticado igualmente “la obstinación total también de la Fiscalía en seguir manteniendo un archivo porque no existe ningún indicio, como sí más de 10.000 folios y 25 tomos, así como más de 40 personas que han declarado no fuesen suficientes”.
El juez ve indicios y defiende el jurado popular
El juez Peinado, que mantiene imputada a la esposa de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, dictó un auto el pasado 20 de marzo en el que señalaba que “se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado”.
Conviene recordar que la Audiencia Provincial de Madrid ya frenó en febrero un primer intento de Peinado de enviar la causa a un jurado popular, al estimar los recursos de las defensas. Los magistrados de la Audiencia concluyeron entonces que no existían “indicios racionales de criminalidad” que avalaran esa decisión.
En su nueva resolución, el instructor sostiene que Gómez “habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno” para “impulsar su proyección profesional” en la Universidad Complutense de Madrid, “obteniendo para ello una interlocución singular con responsables” del centro, “empresas patrocinadoras” y “entidades del sector tecnológico”.
Apunta además que su condición de pareja de Sánchez “influye en la conducta de cualquier ciudadano” por el “poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones”.
El magistrado añade que Gómez “recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial” para “la creación, desarrollo y expansión” de una cátedra universitaria de la que, según su tesis, se habría apropiado indebidamente.
“Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas”, concluye el auto.