La Fiscalía y los abogados de los tres investigados en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han reiterado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado su petición de que se archive el procedimiento, mientras que Vox, personado como acusación popular, ha denunciado “ataques furibundos” de las defensas contra el magistrado instructor.
De acuerdo con fuentes jurídicas, los representantes legales de Gómez, de su asistenta, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés han vuelto a reclamar que Peinado ponga fin al caso en la vista celebrada este miércoles, en la que el juez ha comunicado a las partes su intención de encaminar la causa hacia un tribunal del jurado.
En paralelo, otras fuentes del ámbito judicial han precisado que las acusaciones han reclamado la práctica de nuevas diligencias para profundizar en las pesquisas, entre ellas datos sobre el salario de Álvarez y la vida laboral de la mujer del presidente.
A la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el letrado de Hazte Oír –personado igualmente como acusación popular–, Javier Pérez Roldán, ha manifestado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, subrayando que desde la asociación acuden “con los deberes hechos, con todo bien atado”.
Vox, por su parte, ha denunciado “los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación” tras una comparecencia que se ha prolongado cerca de tres horas.
La formación ha remarcado algunas de las imputaciones que pesan sobre Begoña Gómez, como las supuestas “intervenciones de empresas patrocinadas con una financiación de un software valorado en más de 300.000 euros”, así como los presuntos “correos y la constatación de la intervención de Cristina Álvarez, pagada por Presidencia del Gobierno, como asistencia de asuntos personales”.
Asimismo, ha puesto el foco en el supuesto “incremento de Juan Carlos Barrabés y de su grupo empresarial en más de un 400% en los contratos públicos recibidos en Red.es y otras administraciones”.
Vox defiende que los indicios son “más que sólidos”
La abogada de Vox, Marta Castro, sostiene que “los indicios son más que sólidos” y que “hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase”, una decisión que, según apuntan, deberá adoptar el magistrado en los próximos días.
Desde la formación han afeado “la obstinación total también de la Fiscalía en seguir manteniendo un archivo porque no existe ningún indicio, como sí más de 10.000 folios y 25 tomos, así como más de 40 personas que han declarado no fuesen suficientes”.
El juez Peinado investiga a la esposa de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. En un auto dictado el pasado 20 de marzo, el magistrado señaló que “se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado”.
Conviene recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero el primer intento de Peinado de remitir la causa a un jurado popular, al estimar los recursos de las defensas contra esa decisión. Los magistrados de la Audiencia concluyeron entonces que no existían “indicios racionales de criminalidad” que avalaran dicho paso.
Peinado cree que Gómez aprovechó “su proximidad” a Sánchez
En su último auto, Peinado expone que Gómez “habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno” para “impulsar su proyección profesional” en la Universidad Complutense de Madrid, “obteniendo para ello una interlocución singular con responsables” del centro, “empresas patrocinadoras” y “entidades del sector tecnológico”.
El magistrado sostiene que la condición de pareja de Sánchez “influye en la conducta de cualquier ciudadano” debido al “poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones”.
Al mismo tiempo, subraya que Gómez “recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial” para “la creación, desarrollo y expansión” de una cátedra universitaria de la que, según el propio juez, se habría apropiado de forma indebida.
“Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas”, añade el auto.