La Fiscalía y las defensas de los procesados por un presunto delito de cohecho vinculado al supuesto encargo del empresario Javier López Madrid al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que hostigara a la dermatóloga Elisa Pinto han solicitado que se dicte una sentencia absolutoria al entender que no se ha acreditado la existencia del delito.
Las partes formularon esta petición en la exposición de sus informes finales, en la última jornada de la vista oral celebrada este martes en la Audiencia Nacional (AN) contra López Madrid, el excomisario Villarejo y su socio Rafael Redondo, quedando el procedimiento visto para sentencia.
Según sostienen tanto las defensas como el Ministerio Fiscal, durante la instrucción y el juicio no ha aparecido rastro alguno de un pago de López Madrid a Villarejo –o a su entramado empresarial CENYT– destinado a que intercediera en el conflicto privado que mantenía con la doctora.
En esta línea, el letrado del comisario jubilado ha subrayado que “ni los hechos objeto de acusación ni el propio escrito” de la abogada de Pinto “contienen la descripción fáctica que permitiría condenar por cohecho”. Asimismo, ha cuestionado que la declaración de la dermatóloga sea “coherente” con la de una persona “que dice estar en una relación forzada”.
En su comparecencia ante el tribunal, la doctora admitió que se sentía “obligada” a mantener “una comunicación” con el empresario que “no quería tener”, a través de llamadas, mensajes de WhatsApp y visitas a su domicilio y a su consulta.
La defensa de Redondo, por su parte, ha reiterado que “no se ha podido demostrar” que López Madrid abonara cantidad alguna a Villarejo y ha defendido que la intervención de su patrocinado en los hechos analizados “es nula”.
El abogado ha manifestado que no alcanza a comprender “qué tiene que ver” la visita que Redondo y López Madrid realizaron a la consulta de Pinto con un delito de cohecho, y ha descrito a su cliente como “una víctima colateral de una guerra ajena”.
En cuanto a López Madrid, su representante legal ha insistido en la inexistencia de un documento que acredite un pago a Villarejo y ha afirmado que su cliente “nunca le dijo que era funcionario en activo”.
Fiscalía: ausencia de “dádiva, presente o promesa”
El Ministerio Público –que ya se opuso a la apertura de juicio oral– ha reiterado su solicitud de absolución al no apreciar “dádiva, presente u ofrecimiento de promesa” de López Madrid a Villarejo para llevar a cabo el supuesto encargo, requisito que ha definido como el “elemento objetivo concominante” del delito de cohecho.
El fiscal ha admitido, no obstante, que existen “elementos desfavorables” para su tesis, como la anotación “entrega 10 a cuenta” localizada en la agenda personal de Villarejo.
Aun reconociendo que las notas manuscritas del comisario jubilado “tienen valor probatorio”, ha sostenido que esa mención “no despliega la energía probatoria suficiente para destruir la presunción de inocencia”.
Frente a las comparaciones con otras causas judiciales en las que se ha visto implicado Villarejo, invocadas por la acusación que representa a Pinto, el Ministerio Público ha señalado que “son perfectamente conocidos”, pero “no tienen valor probatorio”.
Pinto, “víctima” de una “muerte civil”
En su informe final, la abogada de Pinto ha mantenido la solicitud de condena y ha defendido que el pago quedó “perfectamente acreditado” en este procedimiento, si bien ha recordado que “rara vez” se conserva copia de las “hojas de encargo”.
Ha precisado que la primera denuncia de Pinto se interpuso en 2014 y que Villarejo “estaba anotando” en sus agendas “lo que ella estaba denunciando”. “En todas sus denuncias, la doctora repitió una y otra vez lo mismo, que quedó constatado por las agendas del señor Villarejo”, ha remarcado.
Al igual que la Fiscalía, ha aludido a la anotación “entrega 10 a cuenta”, que, a su juicio, evidenciaría que el pago “se entregó en efectivo y, por lo tanto, no hay absolutamente ningún pago” bancarizado o documentado.
Ha añadido que en las notas del excomisario “jamás se habla de los otros procedimientos que en ese momento tenía abiertos López Madrid”, sino que “únicamente” se hace referencia a “llamadas de teléfono amenazantes”, supuestamente realizadas por Pinto.
“No hubo otro encargo, hubo este encargo. A este encargo es al que se refieren las agendas en todo momento, sin que hayamos podido identificar ningún otro”, ha precisado la letrada.
También ha recordado que López Madrid “no quería denunciar”, lo que, en su opinión, “delimita el delito que se cometió”.
La acusación ha denunciado que la doctora sufrió una auténtica “muerte civil” después de que se publicara en los medios que era “una psicópata de manual”, en línea con el “informe del inspector Alberto Carba”.
“Sin ser una persona pública, ni un personaje público, estaba sufriendo el tener que abrir a las 9 de la mañana la puerta de su consulta y tener pacientes, uno seguido del otro, que el día anterior por la mañana se habían levantado leyendo que era una psicópata de manual y que había utilizado a su hijo para realizar las llamadas amenazantes”, ha lamentado.
Los tres acusados renunciaron a ejercer su derecho a la última palabra, y la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, dejó el juicio visto para sentencia.
Villarejo niega haber cobrado por el supuesto encargo
Durante su declaración, Villarejo afirmó que su papel en el conflicto personal entre López Madrid y la dermatóloga se redujo a que el empresario le utilizó “como psiquiatra y se ahorró los honorarios”.
El comisario jubilado relató que conoció a López Madrid en el verano de 2013, presentado por un empresario con el que compartía planta en el grupo CENYT, quien le comentó que “un amigo” atravesaba un problema.
Tras escuchar el relato, Villarejo dijo que le pareció “el clásico problema sentimental, donde dos personas habían roto y una de las partes no había aceptado la ruptura”.
El excomisario se refirió a un audio en el que se le oye decir que López Madrid “era un tipo muy pesado” y reiteró que este le utilizó “como psiquiatra”, evitando así “los honorarios”.
Negó igualmente haber percibido dinero por el presunto encargo y haber entregado a López Madrid una “hoja de encargo profesional con los servicios” que podía ofrecer a través de CENYT.
Pinto: “López Madrid tenía el poder y los contactos”
En su testimonio, Elisa Pinto declaró que el empresario Javier López Madrid contrató al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque “era experto en hacer coartadas” y porque podía “ayudarle a hundir cualquier denuncia” relacionada con las presuntas amenazas que ella decía estar sufriendo.
“En una de las múltiples llamadas que me hacía, me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo, que era experto en hacer coartadas y que podía hacer que cualquier denuncia que yo le pusiera quedase sepultada. Y que era, además, experto en poner en su sitio 'a las chulas' como yo”, aseguró.
La doctora explicó que “no quería denunciar el acoso” porque el empresario “tenía el poder” para arruinarla “personal y profesionalmente” y que su único deseo era que “quería que todo parara”.
“Él tenía el poder, tenía los contactos con los centros hospitalarios con los que yo trabajaba y era amigo de los pacientes que iban a mi consulta”, concluyó.