El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha conservado casi intacto el monto de recuperaciones obtenidas de procesos penales contra entidades ‘rescatadas’, revela su informe anual publicado este martes.
Debido al conjunto de acciones penales llevadas a cabo por el FROB, se reconoció a favor del organismo como perjudicado por el delito mediante decisiones penales definitivas un total superior a 302,76 millones de euros. Comparativamente, el año anterior la cifra fue de 302 millones, mostrando un leve incremento.
Estos montos resultan de una ‘intensa labor de persecución y penalización’ de conductas inapropiadas en operaciones de concesión de créditos, principalmente vinculadas al sector inmobiliario en las diversas entidades de crédito que recibieron ayudas públicas durante los procesos de reestructuración o resolución.
El origen de estos procedimientos es variado. Algunos se iniciaron por denuncias de los administradores provisionales asignados por el FROB en una entidad intervenida, y otros por los informes ‘forensic’ encargados a consultoras independientes para analizar algunas operaciones sospechosas.
Cuando se identificaron conductas irregulares, se informó a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para su investigación. Además, algunos procesos penales fueron iniciados por denuncias de terceros, en los que se ofreció al FROB la posibilidad de personarse en el caso desde el juzgado correspondiente.
El FROB continuó representado en las causas penales pendientes contra exdirectivos de distintas entidades y otras personas implicadas, con el objetivo de ‘defender los intereses generales y buscar recuperar los mayores importes posibles a través de aquellas cantidades que deban ser abonadas por los condenados en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos’, según indica el organismo en su reporte anual.
En 2024, la situación no mostró grandes variaciones. Un proceso ha concluido la instrucción y espera resolución de recursos para iniciar el juicio oral. Otro está pendiente de fecha para juicio, mientras que en otro caso se ha emitido una sentencia absolutoria al retirarse la acusación por prescripción del delito principal.
Este año también se llevaron a cabo otros dos juicios, ambos pendientes de sentencia al finalizar 2024. Adicionalmente, otro proceso con sentencia condenatoria firme está en espera de sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad civil subsidiaria que enfrentaría la aseguradora ante un único hecho indemnizable.
En el ámbito contencioso-administrativo, desde 2022, el FROB destacó la ausencia de recursos contra sus actuaciones durante la crisis financiera de 2012, aunque continúan ‘una serie de recursos contencioso-administrativos’ por su actuación en la resolución del Banco Popular en 2017.
En el Tribunal General de la Unión Europea siguen pendientes cuatro recursos de anulación contra las decisiones de la JUR y la Comisión, tras haberse resuelto los asuntos ‘piloto’. A raíz de las sentencias del TJUE, la Audiencia Nacional levantó la suspensión de los 210 recursos pendientes, de los cuales 80 recurrentes han desistido de sus pretensiones al cierre de 2024.