El magistrado en retiro Manuel García Castellón y el empresario Víctor de Aldama han sido reconocidos como acusaciones particulares en el proceso judicial conocido como ‘caso Leire Díez’. El juez Arturo Zamarriego ha aceptado su personación en calidad de “víctimas o perjudicados” por los hechos que se investigan, relacionados con la búsqueda e intercambio de información que les afecta directamente.
Según un auto reciente, ambos solicitaron al juez a finales de octubre ser considerados parte en el caso dirigido en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, donde también están implicados el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
El juez ha delineado que Díez encabezaría una trama delictiva dirigida a recopilar datos comprometedores de altos mandos de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de desacreditar sus investigaciones en casos de corrupción. García Castellón ha manifestado que Díez buscaba información en su contra y difundía acusaciones falsas para perjudicarle.
El caso también ha salido a la luz en la denuncia del fiscal Ignacio Stampa ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, tras una reunión en mayo con Díez y Pérez Dolset, quienes habrían inquirido sobre irregularidades en las investigaciones de ciertos fiscales y del propio García Castellón.
Por otro lado, De Aldama ha pedido investigar una posible interceptación ilegal de comunicaciones durante su encarcelamiento provisional, relacionada con sus negocios en el sector hidrocarburos, y sugiere que Díez podría haber tenido acceso a conversaciones privadas con su abogado.