Roberto García Ceniceros, recién elegido presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), ha defendido que “es legítimo criticar una sentencia”, aunque ha censurado que desde la política se incurra en la “descalificación gratuita” de jueces y magistrados, a raíz del fallo contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En una entrevista con Europa Press, con motivo de su elección en el XXI Congreso de FJI celebrado en Albacete el pasado 7 de noviembre, García Ceniceros ha advertido de los ataques de cargos públicos a miembros de la carrera judicial. Ha recordado que “hemos visto a muchos políticos que directamente están atacando a miembros de la carrera judicial, a veces incluso insultándolos directamente” y ha subrayado que esto “es muy grave porque normalmente son miembros del Gobierno” y, por tanto, “titulares de otros poderes del Estado”.
En esta misma línea, ha reprochado que se acuse a jueces y magistrados “de hacer política”, al entender que “es tanto como acusar de un delito de prevaricación”. A modo de ejemplo, ha planteado que “es como si ahora dijese que hay miembros del Gobierno que están aprobando decretos por conseguir una finalidad económica o por conseguir un favor. Les estaría tachando de corruptos. Estaríamos en esa situación”.
El magistrado, destinado en la Audiencia Provincial de Barcelona, ha lamentado además que “cinco minutos después” de conocerse la sentencia contra García Ortiz “ya estaban los políticos hablando” con declaraciones “muy al extremo, muy a la trinchera”. Por ello, ha insistido en que “tiene que haber respeto institucional” entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y que ese diálogo debe articularse “a través de los cauces constitucionales”, citando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La sentencia a García Ortiz y la situación de la Fiscalía
Pasados varios días desde que se hizo pública la resolución contra García Ortiz, cuyo fallo se adelantó por temor a filtraciones, el presidente de FJI considera que “reafirma un poco más la sensación de dolor” sobre el estado de la Fiscalía. Se ha detenido en el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo —que defendían la absolución del exfiscal general— respecto a la filtración del ‘email’ clave en el que la defensa del empresario ofrecía a la Fiscalía reconocer delitos fiscales para evitar la prisión.
García Ceniceros se ha preguntado: “Si la idea es que no debemos condenar al fiscal general del Estado porque era un correo que llevaba circulando días por las redacciones de todos los medios informativos, ¿qué pasa, que aquello es una centrifugadora de datos reservados?”. Ha añadido que esa tesis le resulta “incluso menos” aceptable que la condenatoria, en la que el tribunal concluyó que el exfiscal general “o alguien de su entorno” filtró el correo electrónico.
Por ello, ha remarcado que “con independencia de que la sentencia sea condenatoria o absolutoria, es grave, porque incluso la tesis de la absolución también nos habría abierto la puerta a una situación en la que en la Fiscalía se están filtrando datos a todas horas. Además, resulta que el fiscal general del Estado no se enteraba de nada. Así que igual es peor”.
Expectativas sobre Peramato y la independencia del Ministerio Fiscal
Tras conocerse el fallo contra García Ortiz, FJI difundió un comunicado en el que confiaba en que la nueva etapa en la Fiscalía General del Estado, ahora bajo la dirección de Teresa Peramato, sirva “para dotar al Ministerio Fiscal de la autonomía e independencia necesarias para el correcto ejercicio de sus funciones”.
García Ceniceros considera que este objetivo “no se puede hacer en un día” y que la nueva fiscal general “lo tiene complicado”, al tener que ganarse la confianza “poco a poco”. Valora, no obstante, que Peramato haya lanzado mensajes “en los que ha dicho expresamente que el Ministerio Fiscal tiene que gozar de más autonomía e independencia”.
El presidente de FJI ha admitido que “desde dentro” Peramato “no puede cambiar las normas”, aunque confía en que “quizá tenga pronunciamientos claros” en defensa de la independencia del Ministerio Fiscal. En síntesis, espera que no sea “seguidista de una determinada corriente” durante su mandato, ya que “el contexto es el que es” y anticipa que “va a ser difícil para ella”.
Críticas a la reforma de la Fiscalía y de la LeCrim
Entre los proyectos del Ministerio de Justicia que rechaza FJI se encuentra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aprobada en Consejo de Ministros a finales de octubre y pendiente aún del trámite parlamentario, que prevé, entre otros cambios, que la instrucción penal pase a manos de la Fiscalía.
García Ceniceros sostiene que la instrucción “quedaría muy en entrediccho”, ya que “el Ministerio Fiscal actúa o interviene siempre en función de un criterio de dependencia jerárquica, con una pirámide en cuya cúspide está el fiscal general del Estado, que le nombra el Gobierno”. Por ello, defiende que la ciudadanía necesita “que la acción pública se lleve a cabo por un organismo que sea absolutamente independiente”.
Respecto a la reforma del Ministerio Fiscal, también aprobada en Consejo de Ministros y bloqueada en las Cortes Generales, complementaria de la nueva LeCrim, García Ceniceros es tajante: “Eso es pura cosmética”. Esta modificación fija un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado, de forma que no coincida con el del Ejecutivo que lo designa, y otorga a la Junta de Fiscales de Sala la posibilidad de imponer su criterio frente al del jefe del Ministerio Público si logra el respaldo de, al menos, las tres quintas partes de sus integrantes.
El presidente de FJI reconoce que “por supuesto que está bien que el mandato (del fiscal general) no coincida con el del Gobierno de turno, Pero tampoco creo que esa sea una solución real del problema. El problema es que la instrucción se le tiene que dar a una institución que sea independiente, tanto como lo es ahora el Poder Judicial”, ha concluido.