El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha satisfecho ya los 17.200 euros de la sanción económica fijada por el Tribunal Supremo (TS) por un delito de revelación de secretos. Tras el pago, el alto tribunal ha requerido a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que facilite los datos de su cuenta bancaria con el fin de hacerle llegar la indemnización.
Así se recoge en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el TS ordena “transferir a favor del Tesoro Público” los 7.200 euros de multa que el tribunal fijó en su sentencia contra García Ortiz el pasado diciembre, resolución en la que también le impuso dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo.
En el mismo documento, el Supremo solicita a González Amador que remita su número de cuenta bancaria, “a efectos de transferirle la cantidad de 10.0000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil” en esa misma resolución judicial.
Con anterioridad, la Abogacía del Estado, que asumió la defensa del ex fiscal general en el procedimiento, presentó un escrito, igualmente consultado por esta agencia, en el que comunicaba el ingreso de los 17.200 euros por parte de su representado “a todos los efectos”.
En ese escrito, la defensa de García Ortiz detalló que el dinero utilizado procede “de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales” (UPF) y que el ex responsable de la Fiscalía “asume íntegramente dicho pago como propio”.
La UPF —de la que formó parte el ex fiscal general— puso en marcha una campaña de aportaciones para “el abono de las responsabilidades económicas derivadas”. Semanas después, la asociación informó de que se había alcanzado “íntegramente el importe necesario” para cubrir la sanción económica impuesta a García Ortiz.
Un llamamiento ético y la situación procesal de García Ortiz
En un comunicado, UPF explicó que “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías” respondieron a un llamamiento “que no era económico, sino ético”, en el que también colaboraron ciudadanos —según subrayó— “sin pertenecer al Ministerio Fiscal”.
“Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, afirmó la organización, que ha mantenido su respaldo a la actuación y a la inocencia del ex fiscal general.
García Ortiz promovió un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo, insistiendo en que actuó para proteger la “credibilidad” de la Fiscalía frente a “ataques”.
La Fiscalía General del Estado autorizó que García Ortiz se reincorpore a la carrera fiscal, concretamente en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Paralelamente, el Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación a raíz de una primera solicitud de indulto presentada a favor de García Ortiz. El Gobierno ha pedido al Supremo que emita su informe sobre esta petición, al tratarse del órgano que dictó la condena.