El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho efectivo el pago de 17.200 euros correspondientes a la sanción económica que le impuso el Tribunal Supremo (TS) por un delito de revelación de secretos. Tras confirmarse el abono, el alto tribunal ha requerido a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que facilite los datos de una cuenta bancaria para poder ingresarle la indemnización fijada.
Así se recoge en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el TS ordena “transferir a favor del Tesoro Público” los 7.200 euros de multa establecidos en la sentencia dictada el pasado mes de diciembre contra García Ortiz, resolución en la que también se acordó su inhabilitación durante dos años para ejercer el cargo.
En el mismo documento, el Supremo insta a González Amador a que comunique su número de cuenta bancaria “a efectos de transferirle la cantidad de 10.0000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil” en esa misma resolución judicial.
Previamente, la Abogacía del Estado, que asumió la defensa del ex fiscal general en el procedimiento, había presentado un escrito –al que igualmente ha tenido acceso esta agencia– en el que confirmaba el ingreso de los 17.200 euros por parte de su representado “a todos los efectos”.
En ese documento, la representación de García Ortiz detalló que el dinero utilizado procede “de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales” (UPF) y que el ex responsable de la Fiscalía “asume íntegramente dicho pago como propio”.
La UPF —de la que formó parte el ex fiscal general— impulsó una campaña de colaboración para “el abono de las responsabilidades económicas derivadas”. Pasadas unas semanas, la asociación comunicó que se había alcanzado “íntegramente el importe necesario” para hacer frente a la sanción económica impuesta a García Ortiz.
UN LLAMAMIENTO “ÉTICO” A COLABORAR
En una nota pública, UPF explicó que “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías” respondieron al llamamiento, que definió como “que no era económico, sino ético”, y aseguró que también se sumaron ciudadanos “sin pertenecer al Ministerio Fiscal”.
“Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, subrayó la asociación, que ha mantenido su respaldo a la actuación y a la inocencia del ex fiscal general.
Paralelamente, García Ortiz promovió un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo, alegando que actuó para salvaguardar la “credibilidad” de la Fiscalía frente a “ataques”.
La Fiscalía General del Estado autorizó que García Ortiz se reincorpore a la carrera fiscal, en concreto a la Sección de lo Social de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación de una primera solicitud de indulto para García Ortiz, formulada por varios particulares. El Gobierno ha pedido al Supremo que emita su informe sobre esta petición, al ser el órgano que dictó la sentencia condenatoria.
GONZÁLEZ AMADOR SE OPONE AL INCIDENTE DE NULIDAD
En este contexto, la pareja de Ayuso ha registrado un escrito ante el Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita que se rechace el incidente de nulidad interpuesto por el ex fiscal general.
“¿Algún operador jurídico de la jurisdicción penal puede considerar que el fiscal general del Estado no tenía conocimiento y voluntad de estar revelando información que, además de haberse conocido por razón del cargo y no ser divulgable por ser reservada, era susceptible de generar perjuicio en el buen funcionamiento de la Administración y, en concreto, para los derechos fundamentales de González Amador?”, plantea su abogado sobre la revelación de datos reservados de su cliente, por la que el Supremo declaró culpable a García Ortiz.
González Amador reprocha que García Ortiz “propone que el deber de reserva admitiría modulaciones o injerencias en base a otro derecho inexistente: la posibilidad de airear a la opinión pública (libertad de expresión institucional) parte o todo aquello de lo que tengan conocimiento los fiscales por el ejercicio de sus funciones, lesionando derechos fundamentales de los sometidos a su actividad jurisdiccional”.
A juicio de la defensa, la facultad de la Fiscalía de informar en el marco de sus funciones “no constituye un derecho fundamental a la libertad de expresión de una institución que, por definición (hay que recordarlo, es Estado), no es titular de la libertad de expresión”.
“Esa función de informar es una posibilidad reglada que tiene como límite absoluto, justamente, el deber de reserva y sigilo inherentes al cargo y los derechos de los afectados”, concluye el escrito.