El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha satisfecho los 17.200 euros de la sanción económica que le impuso el Tribunal Supremo (TS) por un delito de revelación de secretos. Tras el pago, el alto tribunal ha requerido a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, los datos de su cuenta bancaria con el fin de transferirle la indemnización.
Fuentes jurídicas citadas por Europa Press han precisado que García Ortiz ha ingresado tanto los 10.000 euros fijados como indemnización como los 7.200 euros correspondientes a la multa establecida en la sentencia dictada el pasado mes de diciembre, resolución en la que también se le impusieron dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), organización a la que perteneció el exfiscal general, puso en marcha una campaña de apoyo para “el abono de las responsabilidades económicas derivadas”. Semanas después, la asociación comunicó que se había reunido “íntegramente el importe necesario” para afrontar la sanción económica.
En esa nota, UPF explicó que “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías” atendieron a un llamamiento “que no era económico, sino ético”, al que también se sumaron ciudadanos “sin pertenecer al Ministerio Fiscal”.
La asociación subrayó además que “nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, manteniendo su respaldo a la actuación y a la inocencia del exfiscal general.
De forma paralela, García Ortiz promovió un incidente de nulidad contra la sentencia del TS, haciendo hincapié en que su actuación buscó proteger la “credibilidad” de la Fiscalía frente a “ataques”.
La Fiscalía General del Estado autorizó que García Ortiz se reincorpore a la carrera fiscal y ocupe plaza en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo, según indicaron fuentes fiscales a esta agencia de noticias.