El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha promovido un incidente de nulidad contra la resolución del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de revelación de secretos, insistiendo en que su actuación buscó salvaguardar la “credibilidad” de la Fiscalía frente a “ataques”.
Según el escrito presentado por la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso Europa Press y que ejerció su defensa en el procedimiento, el Supremo le impuso dos años de inhabilitación al considerarle implicado en la difusión de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su recurso, García Ortiz solicita que se declare la nulidad de la sentencia por vulneración de derechos fundamentales y que se retrotraigan “las actuaciones al momento procesal oportuno”.
“La libertad de expresión en su sentido institucional, precisamente por su función democrática, ha de ser amplia, incluso para admitir errores, excesos o decisiones discutibles, sin que ello pueda traducirse en la criminalización penal de una actuación adoptada para defender a la institución frente a ataques que comprometían directamente su credibilidad y su independencia”, defiende.
Críticas a la respuesta exigida por el Supremo
A su entender, sostener que “debió optar por un desmentido más genérico o atenuado equivale a exigirle que discurriera por la ambigüedad deliberadamente creada por quienes precisamente le imputaban un delito de prevaricación, y a convertir en parámetro penal una crítica 'a posteriori' sobre cómo debería haberse gestionado la comunicación institucional”.
Asimismo, denuncia que se busque “un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada, vaciando de contenido su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto amedrantamiento evidente”.