QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La organización Greenpeace ha exigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la aplicación de sanciones económicas que oscilan entre 150 y 1.500 euros o, alternativamente, que se proceda legalmente contra el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), por no haber hecho pública la nueva planificación del PGOU que convertiría el terreno de El Algarrobico en suelo no urbanizable, donde se encuentra el hotel de Azata del Sol, antes del 28 de junio.
Mediante un documento enviado a la Sala de lo Contencioso-administrativo, y que ha sido revisado por Europa Press, la organización menciona la providencia del tribunal andaluz que otorgó un mes al municipio para «publicase y depositase la nueva normativa urbanística» y así efectuar el cambio propuesto.
«Ha transcurrido dicho plazo y, como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Carboneras no ha dado cumplimiento a la citada providencia», señaló Greenpeace, cuyos representantes enfatizaron que el plazo para registrar en el Registro de Instrumentos Municipales de la Junta de Andalucía el PGOU ya corregido y para publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia como «única forma de garantizar su efectividad y la ejecución del fallo» del TSJA había expirado.
Representantes del Ayuntamiento de Carboneras informaron a Europa Press que, pese a que el equipo de gobierno continúa trabajando en la publicación del nuevo plan urbanístico para reinstaurar la protección ambiental en las áreas ST-1 de El Algarrobico y ST-2 en El Canillar, no se ha establecido un plazo definitivo para la implementación de la medida.
La organización ecologista manifestó su «decepción» frente a las «excusas constantes» del Ayuntamiento para «no dar cumplimiento a las ejecuciones pendientes de sentencias firmes», aunque aseguraron que no desistirán en su objetivo de eliminar este «monstruo urbanístico en la costa».
Tanto Greenpeace como la Junta de Andalucía subrayaron en el TSJA que los errores de escritos anteriores presentados por el Ayuntamiento de Carboneras habían sido corregidos y se satisfacían todos los requisitos para declarar no urbanizable los terrenos donde se ubica ilegalmente el hotel, pendiente solo de la publicación del plan general para que surta pleno efecto.
«El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), incumple de nuevo sus obligaciones con los tribunales, incluso a pesar de asegurar su intención de cumplimiento», expresaron desde Greenpeace.
Con esto, continuó «el largo proceso judicial iniciado en agosto de 2009» cuando el Ayuntamiento de Carboneras aprobó un PGOU cuya legalidad fue impugnada por Greenpeace. «A pesar de la sentencia que obliga a declarar no urbanizable El Algarrobico por pertenecer al espacio protegido Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el consistorio sigue sin cumplir los requerimientos judiciales», enfatizaron.
Por otro lado, desde Greenpeace instaron a la Junta de Andalucía a iniciar el proceso de expropiación sobre su parte de El Algarrobico para «acelerar» la demolición del edificio frente a lo que consideran como «estrategias dilatorias» del Ayuntamiento.
