La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha remitido al magistrado que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional un informe en el que detalla presuntas anomalías en la adjudicación de varios contratos públicos de Adif y de la Dirección General de Carreteras.
En el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la IGAE indica que ha analizado 11 expedientes de contratación —cinco correspondientes a Adif y seis a Carreteras—, de acuerdo con el encargo formulado por la Fiscalía Anticorrupción.
Conviene recordar que tanto la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, se encuentran investigados por el juez Ismael Moreno por supuestas irregularidades dentro de la causa conocida como 'caso Koldo'.
En relación con los contratos de Adif, Hacienda detalla que, de las cinco adjudicaciones revisadas, tres recayeron en Acciona, “bien individualmente o en UTE (Unión Temporal de Empresas) con Ferrovial Agroman S.A.”. Sobre estos expedientes, la IGAE subraya que “se dan una serie de notas comunes”.
“En estos tres contratos los criterios determinantes de la adjudicación han sido los de juicios de valor y en dos de ellos, salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas”, recoge el documento.
El informe añade que, antes de iniciarse la ejecución de las obras vinculadas a estos contratos, “el contratista --Adif-- pone de manifiesto una serie de defectos que determinan, entre otros extremos, que se tenga que tramitar una modificación del proyecto”.
En los tres casos revisados, “esta modificación supone un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y en los tres casos esa modificación incumple la normativa sobre modificaciones”.
El peso de los juicios de valor en las adjudicaciones de Adif
Hacienda detalla que, en la licitación del proyecto de soterramiento de la red ferroviaria de Murcia, concurrieron diez ofertas y que “los criterios de adjudicación basados en juicios de valor ponderaban 40 puntos”, mientras que los criterios automáticos por fórmulas sumaban 60 puntos. Según el análisis de la IGAE, fueron precisamente los juicios de valor los que resultaron decisivos para la adjudicación.
La UTE en la que participaba Acciona logró 36,17 puntos en este apartado, lo que implica “3,04 puntos de diferencia con el segundo clasificado y un mínimo de 5,83 puntos respecto del resto de oferentes”.
En cuanto a la puntuación por el criterio de precio, el informe destaca que “la mejor oferta no incursa en temeridad y la peor oferta ha sido de 6,18 puntos y sobre la segunda peor oferta, 4,50 puntos”.
De este modo, concluye el escrito, salvo la segunda mejor oferta, “las otras proposiciones no tenían posibilidades de obtener la adjudicación del contrato”.
Intento de “evitar” un dictamen del Consejo de Estado
El departamento que dirige la IGAE incorpora también al informe otro contrato relativo al soterramiento de Estación y Barriomar, igualmente en Murcia. De las 12 propuestas presentadas, la UTE integrada por Acciona y Ferrovial Construcción volvió a ser la adjudicataria.
“La adjudicación se basó en los criterios basados en juicios de valor”, señala la IGAE, que destaca en este caso una diferencia de 5,88 puntos frente a la segunda mejor oferta en dicho criterio.
El informe reproduce de la memoria que este proyecto “sustituye a una parte de las actuaciones análogas del tramo de Estación del Carmen-Barriomar y posterior modificado que finalmente no se van a ejecutar dentro de las obras en curso, sino que serán objeto de una nueva licitación independiente a partir del presente proyecto”.
“De lo anterior se deduce que este proyecto no se debió tramitar como proyecto independiente sino como modificado del proyecto de construcción de soterramiento de la red ferroviaria de la ciudad de Murcia”, sostiene la IGAE.
Y añade que “seguramente el hecho de tramitarlo como proyecto independiente se debió a que, si se tramitaba como modificado, las modificaciones superarían el 20% del contrato primitivo”.
Según el organismo fiscalizador, esta forma de proceder se habría utilizado porque para los “contratos que superasen un determinado importe era preceptivo el dictamen del Consejo de Estado”. Por ello, “se intentaba evitar fijando las modificaciones en un porcentaje ligeramente inferior al 20%”.
Defectos previos a la obra y sobrecostes cercanos al 20%
El tercer contrato de Adif en el que intervino Acciona y que se examina en el informe corresponde a la construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería en el tramo Pulpí-Vera.
Tras adjudicarse el contrato, “el contratista formuló una serie de reservas en la comprobación del replanteo”, que “determinan la tramitación de un proyecto modificado, previa tramitación del procedimiento para la continuación provisional de las obras”.
De acuerdo con la IGAE, “la modificación del contrato fue acordada el 31 de julio de 2022” y “el adicional de gasto del mismo (incremento) fue de 24.155.223 euros, lo que supuso un 19,93% respecto del importe de adjudicación”.
Hacienda pone de relieve “cambios significativos” entre las cifras del informe del proyecto y el desglose por capítulos, unos datos que “fueron los que parece que se tuvieron en cuenta en el informe de la Inspección de servicios de 30 de marzo de 2022”.
“La cercanía de ambos informes, junto con estos cambios, nos llevan a pensar que se acordó previamente que el importe de la modificación fuera de algo menos del 20%, siendo la distribución por capítulos cambiante”, concluye la IGAE.
Y remata: “Es difícil entender que 'la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato', cuando ésta responde en su mayor parte, al menos, a defectos puestos de manifiesto por el contratista en el acto de comprobación del replanteo”.
Contratos de Carreteras: incrementos de coste y falta de justificación
Respecto a los seis contratos de Carreteras revisados, la IGAE indica que dos fueron adjudicados a Acciona Construcción en UTE con otras compañías.
En estos expedientes se han producido “modificaciones que han supuesto un incremento de presupuesto cercano al 20%, al igual que ha ocurrido en tres contratos adjudicados por Adif o Adif Alta Velocidad”.
Uno de los casos analizados es el proyecto de construcción de los tirantes del Puente Centenario de Sevilla, donde los técnicos de Hacienda señalan un aumento de 13,5 millones de euros sobre una obra adjudicada por 71 millones, lo que implica un incremento del 19,02% sobre el presupuesto inicial. El otro es una actuación en la autovía A-68, entre Arrúbal y Navarrete (La Rioja), adjudicada por 92 millones y que, tras dos modificaciones, vio incrementarse su coste en 18,46 millones, un 19,98% más.
La IGAE examina igualmente las fórmulas aplicadas por la Dirección General de Carreteras para fijar la puntuación de las ofertas en los concursos.
Al revisar un contrato para el tramo de la Autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Castilla y León), así como la obra del Puente del Centenario (Sevilla), el organismo comprueba que la puntuación otorgada por los funcionarios de la Demarcación de Carreteras, que firman la propuesta, “no figura justificada”.
“La justificación se acompaña como anejo sin firmar a la valoración que realiza la Subdirección de Construcción”, concluye el órgano dependiente de Hacienda.