La acusación popular encabezada por Hazte Oír en el ‘caso Begoña Gómez’ ha solicitado una pena de 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la prohibición de abandonar España y la retirada de su pasaporte por “evidente riesgo de fuga”.
En el escrito de acusación, al que ha accedido Europa Press, la entidad pide la apertura de juicio oral contra la mujer de Sánchez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
Hazte Oír actúa en nombre de varias acusaciones populares personadas en la causa, entre las que figuran Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
La organización reclama también 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación y por ser “cooperadora necesaria” en los demás delitos que atribuye a la esposa del jefe del Ejecutivo.
Además, pide seis años de cárcel para el empresario Juan Carlos Barrabés por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La acusación sostiene que concurre “un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres” y, por ello, solicita como medidas cautelares la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
El magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, ha venido investigando cuatro bloques: el supuesto tráfico de influencias de Gómez en favor de Barrabés; su intervención en la cátedra y en los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la posible apropiación indebida del ‘software’ desarrollado en esa cátedra; y el nombramiento de Álvarez como asesora en Moncloa.
Acusaciones sobre la cátedra y la relación con empresas
En relación con la creación de la cátedra, Hazte Oír sostiene que Gómez, “aprovechando su relación con el presidente del Gobierno”, ofreció “directa o indirectamente” a directivos de “grandes y medianas empresas su interlocución” con Sánchez.
Según la acusación, también ofrecía “su participación pública” con el objetivo de “obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos” para su “favorecimiento personal” y “con un coste cero para ella”.
“Tal proceder motivó la obtención de patrocinios, servicios, soporte técnico, capital relacional y posicionamiento competitivo para poder realizar un programa informático único en el mercado y a un precio altamente competitivo, pues lo obtuvo sin coste. Y ello por ser su intención, desde un primer momento, desviar la propiedad del producto final, a su propio patrimonio”, se recoge en el escrito.
Respecto a la asesora, Hazte Oír indica que su “retribución está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional” de Gómez, y no a “pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma”.
“Y por ello, Álvarez, con ánimo de lucro, ha estado percibiendo y apropiándose de un sueldo establecido en razón de sus funciones públicas dedicando su tiempo de trabajo a la actividad laboral de Gómez”, añade el documento.
La organización acompaña una relación de reuniones y actos en los que la asesora habría acompañado a Gómez, cuya descripción, a juicio de Hazte Oír, “hace que no se tratara de actos aislados o de mera cortesía institucional”.
Por otra parte, la acusación sostiene que Gómez y Barrabés “iniciaron una relación profesional y personal” paralela a diversas “iniciativas comunes vinculadas al proyecto de la futura cátedra”.
Se apunta también que la esposa del presidente “firmó, en su condición de codirectora del máster, dos cartas de apoyo de dos ofertas vinculadas a Barrabés” en licitaciones de la empresa pública Red.es. Dichas ofertas “resultaron adjudicatarias de dos contratos” en julio y agosto de 2021.
Petición de testigos y personaciones
Hazte Oír reclama que declare como testigo el propio Sánchez y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al considerar que su testimonio “es determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y el alcance funcional del puesto”, dado que dirigió la Secretaría General de la Presidencia.
La acusación pide igualmente la comparecencia del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, para que detalle la creación de la cátedra y las “reuniones mantenidas en Moncloa”.
Para aclarar la relación entre Gómez y Barrabés, Hazte Oír solicita la declaración del empresario Víctor de Aldama, acusado en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, y de Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa.
También reclama la testifical de las personas implicadas en la puesta en marcha de la cátedra y en las sociedades vinculadas a ella, así como de varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Paralelamente, Hazte Oír ha pedido al juez que ofrezca a la Abogacía del Estado y a la Universidad Complutense la posibilidad de personarse como perjudicadas en el procedimiento.
La respuesta de Gómez al juez Peinado
En paralelo, Gómez ha presentado un recurso de queja contra Peinado ante la Audiencia Provincial de Madrid, en el que sostiene que los delitos que le imputa el instructor “o bien no se hayan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”.
“Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad”, afirma en el recurso, al que también ha tenido acceso Europa Press.
Añade que “no cabe hablar de un acceso institucional excepcional obtenido por razón personal ni de una influencia ilegítima sobre decisiones públicas”.
Su defensa reprocha al juez actuar con “la predeterminación, contra todo razonamiento y evidencia, de reconducir, como sea, el procedimiento hacia el tribunal del jurado” para que sea enjuiciada por ciudadanos y no solo por magistrados.
“No es solo la falta de toda motivación, sino también la injustificada y arbitraria elección del cauce procesal elegido lo que produce, en este caso, una manifiesta ablación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley”, sostiene el escrito.
Gómez considera, además, “absolutamente inaceptable” que Peinado aludiera a la época de Fernando VII en el auto en el que proponía sentarla en el banquillo, resolución cuya nulidad pide a la Audiencia Provincial.
El juez escribió que “no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)”.
Gómez reprocha que esa expresión le hace “dudar de la imparcialidad del instructor”, al entenderla “impropia de un titular de la potestad jurisdiccional, siendo más propia de la época histórica que la citada frase recrea”.
Y “junto a otras que se contienen en el texto, ni es necesaria ni es conveniente y, sobre todo, ahonda en transmitir una imagen de la Administración de Justicia en nuestro país que no es cierta y sobre todo que es sumamente inconveniente”, concluye.