Desde este lunes, la Audiencia Nacional inicia el juicio contra Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, acompañado de sus siete hijos y más de quince colaboradores, acusados de constituir una presunta organización criminal que se habría lucrado ilícitamente aprovechando su influencia política durante años.
Presidido por el magistrado José Ricardo de Prada y con la participación de las magistradas María Fernanda García y Mercedes del Molino, el tribunal abordará acusaciones de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales y alzamiento de bienes.
La Fiscalía ha propuesto la pena más severa, 29 años de cárcel, para Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, y una sanción económica superior a los 6,5 millones de euros. Para Mercé Gironés, su ex esposa, la solicitud es de 17 años de prisión y una multa de más de 600.000 euros. En cuanto a Pujol, se piden 9 años de prisión y 204.000 euros de multa.
Además, el Ministerio Público exige que la familia devuelva más de 45 millones de euros, supuestamente obtenidos de forma ilícita. Para otros acusados, empresarios implicados, se solicitan penas de dos a tres años y multas de hasta 8 millones de euros.
Según la fiscal Belén Suárez, Jordi Pujol usó su posición para crear una red de clientelismo, beneficiando a empresarios afines a través de adjudicaciones públicas, lo que les reportó grandes beneficios.
El juicio, que se prevé prolongado hasta mediados de 2026, comienza con una declaración por videoconferencia de Pujol sobre su estado de salud, tras ser hospitalizado por una neumonía. Un informe forense indica que, a sus 95 años, sufre de un trastorno neurocognitivo mayor.
La investigación, que duró ocho años, concluyó que la familia Pujol se benefició económicamente de actividades corruptas durante y después del mandato de Pujol como presidente de la Generalitat. Estos beneficios provenían de pagos ilícitos de empresas a cambio de influencias en adjudicaciones y concesiones.