En el proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce como acusación popular, ha defendido vehementemente el resguardo del secreto profesional, catalogado como ‘sacro’. El letrado Ignacio de Luis ha subrayado que su proceder hubiera sido ‘exactamente lo mismo’ si el involucrado fuera la ‘esposa de’ en lugar del ‘novio de’.
De Luis ha explicado en su alegato final que la misión del ICAM es salvaguardar este secreto, vital para la ‘libertad negocial’, ya que los acuerdos de conformidad no emergen automáticamente sino de discusiones confidenciales entre la defensa y la Fiscalía. Ha enfatizado que, de hacerse públicas estas negociaciones, podrían fracasar, obstaculizadas por las acusaciones populares.
El contexto se agrava con el caso contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuya querella derivó en el juicio de García Ortiz en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. La falta de un acuerdo en este caso por delitos fiscales, según De Luis, resalta la importancia de mantener la inviolabilidad del secreto profesional.
De Luis también ha criticado la postura de asumir que ‘aquí no pasa nada’ y priorizar ‘la verdad periodística’, lo que podría llevar a consecuencias ‘medievales’ donde el acusado siempre resulta perjudicado. Además, ha reiterado que el ICAM ‘haría exactamente lo mismo’ en situaciones similares, sin importar quién sea el afectado, haciendo un guiño a la situación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, actualmente bajo investigación.