El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha dado inicio a su Primer Congreso de Extranjería este jueves, destacando la necesidad de potenciar la perspectiva humana y garantista del derecho de extranjería, en un tiempo donde se observa un aumento continuo en las peticiones de residencia y un incremento en los desafíos legales relacionados con la migración.
El evento coincide con los primeros meses de vigencia del Real Decreto 1155/2024 y un notable aumento en las solicitudes de nacionalidad, protección internacional y permisos administrativos, creando un entorno de alta demanda en la práctica diaria.
Durante la inauguración, Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, ha hecho énfasis en el compromiso de los abogados para ofrecer asistencia legal y apoyo humano a los migrantes. “Los abogados somos esa llave que necesitan quienes llegan a nuestro país para iniciar una nueva vida”, afirmó, subrayando el papel crucial de los abogados como defensores de derechos y soporte humano.
Además, Ramírez ha señalado la importancia del congreso como un espacio para la formación y actualización jurídica, necesaria para mantener un servicio atento y empático.
MÁS DE 12.000 ASISTENCIAS JURÍDICAS EN 2025
El ICAM, a través del Turno de Oficio, ha proporcionado más de 12.000 asistencias legales en materia de extranjería, gestionadas por 1.825 abogados, a quienes Ramírez ha descrito como “verdaderos héroes”.
El servicio específico de nacionalidad del Colegio ha manejado más de 2.000 solicitudes en un año con casi 244.000 expedientes aún pendientes, y solo en el primer semestre de 2025 se han registrado 148.812 nuevas solicitudes.
PAPEL DEL DERECHO
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha colocado el congreso en el centro del debate sobre la función del Derecho en los sistemas democráticos. “Cuando hablamos de extranjería no hablamos únicamente de normas o procedimientos administrativos. Hablamos de personas, por encima de todo de personas”, ha explicado.
Para concluir, ha destacado que la extranjería debe alinearse con los principios del Estado de Derecho, enfatizando el papel esencial de jueces, fiscales y abogados en la defensa de un equilibrio entre control y garantías.