La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), entiende que el auto dictado por la instructora de la causa judicial por el accidente mortal de El Bocal, en el que se concluye que el mantenimiento de la pasarela correspondía a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y no al Consistorio, “monta y arma” lo que el Ayuntamiento y ella misma defendieron “desde el primer momento”.
“Lo que hoy hemos conocido avala esa documentación que hemos presentado y ese discurso que con mis palabras he intentado trasladar a la opinión pública”, ha señalado este martes en una comparecencia ante los medios celebrada pocas horas después de hacerse público el auto.
Igual ha incidido en que ella “jamás saldría diciendo” que el Consistorio no era responsable del mantenimiento de la pasarela siniestrada, integrada en la senda costera, “si no hubiese tenido papeles”.
“Cuando tenga dudas, las plantearé como dudas y cuando tenga certezas y documentos, intentaré hacer el relato lo más fiel que sepa, sin malas intenciones, sin meter política y teniendo enfrente a cada una de esas familias, en donde no se merecen ni intoxicación política, ni rumorología, ni inventarse cosas”, ha remarcado.
Preguntada por los periodistas sobre si se siente “aliviada” tras conocer el contenido del auto, la regidora ha respondido que “alivio no” puede experimentar en un “contexto como este” —con seis personas fallecidas, otra herida y un procedimiento penal en marcha—, aunque sí ha admitido que es “algo que confiaba que pasara”.
“Dentro de mi verdad, esperaba esta noticia”, ha reconocido la alcaldesa en referencia a la conclusión de la jueza de que el mantenimiento recaía en Costas.
La regidora ha agradecido la “celeridad” con la que está actuando la magistrada que instruye el procedimiento, que, ha advertido, será “largo” y en el que “todavía queda camino por andar”.
Del auto, Igual ha resaltado además que la jueza haya establecido que las obras de la senda costera “en modo alguno han finalizado” y que “el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaran”, según recoge la resolución.
“Se reconoce que las obras no han sido finalizadas y consecuentemente que el compromiso previo que tenía adquirido el Ayuntamiento de Santander nunca pudo ser efectivo”, ha enfatizado la alcaldesa.
También se le ha preguntado por otro pasaje del auto en el que la magistrada señala que, aunque el mantenimiento sea competencia de Costas, el Consistorio ostenta “la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público” y precisa que, “detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos”.
Por este motivo, la instructora ve “relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible”.
Al respecto, Igual ha explicado que el Ayuntamiento actuó en 2024, pero no el día previo al siniestro, cuando el 2 de marzo el 112 avisó a la Policía Local de que un vecino había advertido del mal estado de la estructura y la agente que recibió la llamada no abrió incidencia.
“Cuando no lo hemos hecho, la primera en reconocerlo fui yo y con esa humildad y con ese pesar lo dije y lo sigo diciendo”, ha manifestado.
Ha matizado, no obstante, que “no puedo admitir ni admito que alguien pueda presumir que conocíamos —si es verdad— que Costas no lo estaba manteniendo” las infraestructuras de la senda costera.
“No lo puedo admitir porque estábamos confiados con que Costas lo estaba manteniendo”, ha reiterado la regidora, que ha subrayado que, cuando desde el Ayuntamiento se comunicaba algún desperfecto en la senda, el organismo estatal “no solo lo mantenía sino que aportaba fotos de lo que había hecho”.
Asimismo, ha apuntado que “porque una tabla esté descolorida no significa ni que esté abandonado ni que esté peligroso”. Ha añadido que todavía “falta por conocer” cuál fue la “razón del colapso” de la pasarela, un extremo que “forma parte de ese proceso judicial”. “Con mucha cautela debemos de aportar documentación para que se llegue a la conclusión”, ha indicado.
Igual también ha sido interpelada sobre si el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, debería dimitir tras adquirir la condición de investigado como director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014.
“Además de ser muy respetuosa con un proceso judicial, debo de serlo y lo soy también —más que nada porque lo he vivido en mis propias carnes— con lo que cada uno deba de hacer en su ámbito personal. No me corresponde a mí opinar sobre lo que debe hacer Osorio”, ha concluido.
Junto a Osorio, la magistrada ha acordado dirigir acción penal contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación.
Ambos han pasado a tener la condición de investigados, al igual que la agente de la Policía Local que no actuó ante el aviso del 112 en la víspera de la tragedia.