La Audiencia Provincial de Sevilla, específicamente su Sección Primera, ha dictado sentencia condenatoria contra dos individuos en un proceso derivado del caso ERE. Estos sujetos han sido sancionados con penas de cárcel de 22 y 15 meses, respectivamente, por beneficiarse de ayudas económicas a través de pólizas de rentas financiadas con recursos públicos, motivadas por su “relación de amistad o vecindad” con Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social, quien ya ha fallecido. Otros tres acusados, dos trabajadores de Vitalia S.A. y la hija de uno de los condenados, han sido absueltos en relación con estos hechos.
En la decisión, fechada el 9 de septiembre y comunicada recientemente a las partes, Alejandro M.T. ha sido considerado cooperador necesario en los delitos de prevaricación y malversación, recibiendo una pena de inhabilitación y cárcel, además de tener que indemnizar a la Junta con 333.072,07 euros. Por otro lado, Rafael R.G., también condenado por los mismos delitos pero con atenuantes, deberá cumplir penas de inhabilitación y cárcel, y pagar una indemnización de 91.196,76 euros a la Junta.
La sentencia destaca que ambos acusados se beneficiaron de los fondos públicos sin justificación alguna más allá de su cercanía personal con Guerrero, lo que representó un “quebranto de los intereses generales”. El tribunal también detalló un “sistema de pagos cruzados” que permitió a los beneficiarios eludir controles administrativos y financieros, facilitando así el desvío de fondos públicos hacia intereses privados. Finalmente, la consultora Vitalia S.A., aunque encargada de tramitar las pólizas, no mostró evidencia de participación directa de los trabajadores acusados en la gestión de las mismas, por lo que estos y la hija de uno de los condenados fueron absueltos.