El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha llamado a declarar en calidad de investigada a la exalcaldesa de Maracena, Berta Linares (PSOE), en el marco de unas diligencias abiertas por un supuesto delito de prevaricación vinculado a la adjudicación y posterior puesta en marcha, presuntamente irregular, de una gasolinera en esta localidad del área metropolitana de Granada.
Según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, Berta Linares deberá comparecer ante la jueza el próximo 29 de enero. Esta citación se produce después de que la Guardia Civil haya incorporado al sumario un informe patrimonial solicitado por el juzgado sobre la exregidora y su entorno familiar, en una causa que aún se encuentra en una fase inicial de instrucción.
Los hechos bajo investigación se sitúan en noviembre de 2012, cuando el Ayuntamiento de Maracena adjudicó un contrato de concesión de obra pública para levantar un centro comercial y un aparcamiento subterráneo que incluía una estación de servicio. El procedimiento administrativo quedó frenado tras un requerimiento judicial, pero la gasolinera empezó a operar a finales de 2022 presuntamente sin disponer de la licencia de actividad en vigor.
Ese arranque de la actividad se habría producido pese a un informe técnico del ingeniero municipal que advertía de presuntas irregularidades y de la ausencia de una licencia válida por haber caducado, de acuerdo con la documentación remitida por la Guardia Civil al juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press y cuya existencia adelanta el diario “Ideal”.
En el informe patrimonial, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial detallan diversas operaciones económicas “susceptibles de blanqueo de capitales”, entre ellas la compra de inmuebles con pagos en efectivo y la adquisición de vehículos de alta gama, movimientos que consideran relevantes para el análisis del posible entramado.
A criterio de los investigadores, la información recabada hasta el momento “evidencia una situación compleja que entrelaza la posible prevaricación administrativa de la investigada con operativas financieras opacas y vínculos familiares en el ámbito político”, por lo que proponen seguir ampliando las pesquisas en esa doble vertiente administrativa y económica.
En esa línea, la Guardia Civil plantea en su informe la “idoneidad” de extender la investigación patrimonial al que fue alcalde de Maracena durante la tramitación inicial del expediente cuestionado y la posterior ejecución de la gasolinera, Noel López, primo de Berta Linares y actualmente diputado andaluz del PSOE. El objetivo sería esclarecer si existió algún tipo de beneficio económico derivado del funcionamiento de la estación de servicio.
Los agentes sugieren analizar si “el potencial rédito económico fruto de la puesta en funcionamiento por omisión de la citada gasolinera en 2022 pudiera haber ido destinado al entorno o la persona de Noel López como máxima autoridad del Ayuntamiento de Maracena durante la adjudicación inicial, durante los seis años posteriores en los que quedó en suspenso el expediente pese a sus aparentes irregularidades” y “durante los periodos de construcción de la estación de servicio entre los años 2019 y 2021”. Sobre este extremo, el juzgado todavía no ha adoptado ninguna decisión ni se ha pronunciado de forma expresa.
El mismo 29 de enero están igualmente citados a declarar en calidad de testigos dos técnicos municipales implicados en la tramitación del expediente y la que fuera concejal de Urbanismo de Maracena, Vanessa Romero, que deberá ofrecer su versión ante la instructora sobre el desarrollo administrativo del proyecto y la apertura de la gasolinera.
En paralelo, sobre Vanessa Romero pesa otro procedimiento penal ajeno a esta causa, en el que se investiga su presunto secuestro en febrero de 2023. En ese asunto está procesado la entonces pareja sentimental de Berta Linares, señalado como supuesto autor del rapto.
Este último caso se tramita de forma separada y en él sólo se sentará en el banquillo el exnovio de la exalcaldesa. La vista oral ha sido fijada por la Audiencia de Granada entre los días 4 y 6 de febrero de 2026, según la programación judicial prevista.