El Ministerio Fiscal ha alertado sobre un ‘progresivo incremento’ de fiscales a la espera de asignación, cuyo número ascenderá de 116 en 2023 a 146 en 2024. Han expresado su preocupación ya que la falta de creación de suficientes posiciones no ha acompañado el aumento del personal a través de las ofertas públicas de empleo en los exámenes competitivos anuales.
Según la Memoria Anual del Ministerio Público de 2024, presentada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la ceremonia de apertura del año judicial presidida por el Rey Felipe VI, las cifras actualizadas muestran que, al finalizar 2024, habrá exactamente 146 fiscales esperando destino, distribuidos entre 79 de la 62ª promoción y 67 de la 61ª, quienes no lograron un puesto en propiedad en los traslados de ese año.
Además, el documento recalca que estas vacantes son codiciadas no solo por los fiscales en espera, sino también por aquellos de segunda y tercera categoría dentro de la carrera fiscal que cumplen con los requisitos necesarios.
‘LA SITUACIÓN SE AGRAVA PROGRESIVAMENTE’
Desde el equipo de García Ortiz se advierte que ‘la situación se agrava progresivamente’ debido a la insuficiente creación de nuevas plazas, lo que complica la adecuación de la plantilla a las necesidades reales de la carrera fiscal. Destacan la urgencia de crear plazas de segunda categoría, reducir los tiempos de espera para ascensos y cerrar la brecha existente en la estructura del Ministerio Fiscal.
La Memoria también detalla el perfil de los 79 miembros de la 62ª promoción, compuesta por 71 mujeres y 29 hombres, con una edad media de 29 años, siendo Andalucía y la Comunidad de Madrid las regiones de mayor procedencia.
En 2024, la Fiscalía implementó un proyecto para desarrollar criterios uniformes que permitan evaluar la carga de trabajo de sus unidades territoriales, y exploró el uso de la Inteligencia Artificial en investigaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, para potencialmente expandir su uso a otras áreas criminales. Además, reiteraron la necesidad de obtener autonomía presupuestaria para asegurar el adecuado cumplimiento de sus funciones.











