QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La jueza del Tribunal de Instancia número 1 de O Porriño ha emitido un auto que determina la apertura de juicio oral contra un hombre imputado por el asesinato de un joven a la salida de una discoteca en Salceda de Caselas (Pontevedra) en 2019, para quien la Fiscalía solicita una pena de hasta 25 años de prisión.
La magistrada concluyó la fase de instrucción del caso, acusando formalmente a un individuo que fue encontrado y arrestado en el Reino Unido en 2024, casi cinco años después del incidente, tras una ‘ardua investigación’.
El juicio se llevará a cabo ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Pontevedra. En el documento que inicia el juicio oral, se ordena mantener en prisión provisional al acusado, enfrentando cargos por asesinato y se le exige una fianza de 376.000 euros por posibles responsabilidades civiles post-juicio.
‘Fiscalía solicita 25 años de cárcel para el presunto asesino’. El acusado, de origen albanés, fue detenido en enero de 2024 como presunto responsable de la muerte de Soufian M., de nacionalidad marroquí.
HECHOS
De acuerdo con la acusación del Ministerio público, los hechos se desencadenaron alrededor de las 04.50 horas del 8 de junio de 2019. En un momento dado, el acusado se acercó al fallecido y, tras una breve conversación, le expresó de manera ‘violenta’: ‘Fuiste tú el que me tiró la copa’. A pesar de que la víctima intentó apaciguar la situación confirmando el incidente y minimizándolo, el acusado lo empujó e insistió, llevándolo hacia un callejón.
Una vez en el lugar, con el joven en el suelo, el acusado extrajo un cuchillo y, ‘con intención de provocarle la muerte, clavó el cuchillo hasta en tres ocasiones en zonas vitales’, detalla la Fiscalía. Tras el ataque, el sospechoso huyó y la víctima, a pesar de levantarse y seguirlo brevemente, colapsó debido a una ‘hemorragia externa e interna masiva’ que le causó la muerte.
’25 AÑOS DE CÁRCEL’ Fiscalía pide una condena de 25 años para el implicado, resaltando la necesidad de cumplimiento completo de la pena en España, y en caso de libertad condicional o tercer grado, propone su expulsión y prohibición de retorno por 10 años. Además, reclama indemnizaciones que superan los 290.000 euros para los familiares directos del fallecido.
