El organismo de Instituciones Penitenciarias ha suspendido el envío de información a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a las visitas que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, recibe en la prisión de Soto del Real en Madrid. Esta medida se tomó siguiendo una directiva del Tribunal Supremo (TS), que instó a seguir la normativa vigente. Cerdán ha estado en prisión provisional desde el 30 de junio por su implicación en el ‘caso Koldo’.
Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, redactó un comunicado dirigido al Supremo en el que se anuncia la cancelación de la práctica de informar sobre las visitas a Cerdán que se solicitaba por parte de la UCO, a través de su Unidad Técnica de Policía Judicial. Ortiz González tomó esta decisión basándose en las instrucciones del magistrado instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, quien simplemente recordó a las autoridades penitenciarias que actuaran conforme a lo que la normativa dictase.
Además, en el documento accesible por Europa Press, Ortiz González afirmó que seguirá siendo colaborador con el Tribunal Supremo para cualquier procedimiento que este considere necesario. Anteriormente, el 3 de julio, la UCO había solicitado ser notificada sobre las visitas a Cerdán, preferiblemente antes de que estas ocurrieran, o en su defecto, informar lo antes posible si eran inesperadas. Se enfatizó en la importancia de conocer quién y cuándo se realizan estas visitas, descartando el interés por el contenido de las mismas y pidiendo la máxima discreción.
El 9 de julio, Instituciones Penitenciarias comunicó a Puente sobre esta petición de la UCO, indicando que se estaba dando cumplimiento a menos que el tribunal dictara lo contrario. La acción fue respondida conforme a lo previamente mencionado por el TS.
RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
La defensa de Cerdán calificó la situación como un severo ‘atropello’ a los derechos del ex dirigente, según declararon en una audiencia reciente en el TS donde se trató un recurso de apelación que Cerdán presentó buscando su liberación, de acuerdo a fuentes jurídicas. El Tribunal Supremo había enviado a Cerdán a prisión provisional el 30 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, viéndolo como líder de una presunta red de comisiones ilegales por contratos públicos, que también habrían involucrado al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. Puente señaló que existía un riesgo de que Cerdán pudiera destruir, alterar u ocultar pruebas, dado que presuntamente conocía los detalles de quién pagaba y recibía las comisiones, detalles que la investigación aún no ha aclarado completamente.