Interrogatorio a Mikel ‘Antza’, exlíder de ETA, por su implicación en el homicidio de Gregorio Ordóñez

Este miércoles, el magistrado Francisco de Jorge ha convocado a Mikel Albisu, conocido como ‘Mikel Antza’ y antiguo cabecilla de ETA, para testificar en la Audiencia Nacional como acusado en la planificación del homicidio de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.

Este acto sigue a las declaraciones de los también exdirigentes de la banda, Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Isuntza’, quienes rechazaron su participación ante el juez, limitándose a afirmar que “los hechos recogidos en el auto de procesamiento no son ciertos”.

ORDEN DE LA CÚPULA

En enero, ‘Antza’ junto a ‘Iñaki de Rentería’, ‘Insuntza’, Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’, y José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’, fueron procesados en esta causa. El juez los acusó de presuntos crímenes de asesinato terrorista y de intento de homicidio del antiguo líder ‘popular’, basándose en “datos y circunstancias de valor fáctico que, suponen por sí mismas la probabilidad de la comisión del delito”.

Según el magistrado, los indicios provienen principalmente de las declaraciones de los testigos protegidos del sumario, que revelan que la decisión de ejecutar el atentado que acabó con la vida de Gregorio Ordóñez fue tomada en Francia por el Comité Ejecutivo de ETA, y la orden fue transmitida al ‘comando Donosti’ para su ejecución.

EL ASESINO DECLARÓ EL PLAN

Valentín Lasarte, autor material del asesinato de Ordóñez, fue capturado en marzo de 1996 y expuso cómo se planificó y llevó a cabo el atentado. Dos años antes de su detención, se había reunido con ‘Kantauri’ para recibir las instrucciones directas de la cúpula de la organización.

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), parte acusadora en el caso, valoró positivamente este cuarto procesamiento de miembros de la cúpula de ETA. A instancias de la Fiscalía y otras acusaciones, el juez decidió extender el periodo de investigación hasta enero de 2026, permitiendo posibles prórrogas para realizar más indagaciones si se considera necesario.