La interventora de la UCM defiende la legalidad en la firma de pliegos por parte de Begoña Gómez

María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la UCM, asegura que Begoña Gómez no incurrió en irregularidades al firmar pliegos de patrocinio.

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María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha testificado ante el juez Juan Carlos Peinado, asegurando que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no cometió irregularidades al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), la cual codirigía.

Fuentes legales han informado a Europa Press que la declaración se produjo este viernes en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, en relación con una de las investigaciones que afectan a Gómez.

La solicitud del juez por parte de la defensa de Gómez, dirigida por el exministro socialista Antonio Camacho, incluía la comparecencia de seis testigos para excluir la posibilidad de que la esposa de Pedro Sánchez hubiera realizado apropiación indebida de un ‘software’ universitario o cometido un delito de intrusismo. Tras la orden de la Audiencia Provincial de Madrid en octubre, que instaba a una resolución rápida, el juez aceptó la petición, aunque finalmente solo cuatro testigos prestaron declaración.

Además de Gutiérrez-Vierna, declararon Mercedes Vaquero y María Jesús Morillo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), y Zulma Escalante, codirectora del máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG.

Las trabajadoras de la OTRI aclararon que su oficina no gestiona los dominios de Internet y añadieron que instruyeron a Gómez sobre cómo registrar el dominio, siguiendo los procedimientos de la UCM. También se mencionó que Cristina Álvarez, asesora de la Moncloa y también investigada, era la persona de contacto en temas relacionados con el ‘software’.

La investigación liderada por el juez Peinado también contempla acusaciones contra Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción y malversación. De llegar a juicio, Gómez enfrentaría un jurado popular, compuesto por ciudadanos, en lugar de un tribunal judicial.