Investigación a autoridades de Punta Umbría por operación prolongada de un chiringuito sin permisos

El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha citado al alcalde actual de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría), y a la exalcaldesa Aurora Águedo (PSOE), como investigados por un posible delito de prevaricación administrativa «continuado» por «permitir durante años» la operación de un chiringuito que «carece de concesión para el uso del Dominio público marítimo terrestre» y por ende, «carece de licencia de apertura» según un auto judicial accesible a través de Europa Press.

Este proceso se inició tras una queja de los residentes locales por un presunto delito ambiental debido al ruido en el «chiringuito desde el 2019» tras rechazarse por parte del Ministerio un cambio de ubicación y expansión del negocio. El documento judicial evidencia que las autoridades locales tenían «fehaciente constancia» de la falta de permisos pero permitieron que continúe la actividad, que además genera ruido y molestias, afectando el descanso de los vecinos.

Los informes técnicos ignorados y la falta de acción ante las denuncias por contaminación acústica demuestran una omisión que ha permitido la persistencia de esta actividad ilegal y perjudicial. A esto se suma una providencia de la Alcaldía de septiembre de 2019, donde se intenta regularizar estos establecimientos, revelando un enfoque que elude la ley bajo una interpretación arbitraria del interés general.

El juez también señala la sorpresa ante la priorización de intereses particulares sobre el uso común de la playa y destaca que el cambio de alcaldía no modificó el trato privilegiado ni detuvo la operación ilegal del chiringuito. Finalmente, el auto resalta que tanto los alcaldes como el dueño del chiringuito deberán declarar como investigados por estos delitos, subrayando la gravedad de la situación y los continuos desafíos legales.