El magistrado del Juzgado de Instrucción número 38 en Madrid ha iniciado diligencias tras recibir una denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos en contra de Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, por un supuesto fraude en la asignación de contratos de mantenimiento en el Valle de los Caídos.
Según se detalla en un documento judicial al que Europa Press tuvo acceso, se procedió a la apertura de las diligencias y se negó la participación de la mencionada fundación en el caso por no cumplir con los requisitos legales necesarios según la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ejercer la acción popular.
La Fundación Española de Abogados Cristianos acusa a de la Cueva de estar involucrada en la comisión de delitos de prevaricación del funcionario público y malversación de fondos públicos.
La queja presentada por los juristas se centra en la concesión de dos contratos a ‘Limpiezas Manchegas Becquer’, valorados en 600.000 euros, la única firma que se presentó y ofertó para el mantenimiento de Cuelgamuros.
«Y le fueron otorgados los contratos pese a que tiene problemas de impago con la Administración Pública, tiene sanciones por parte de Castilla La Mancha (donde está asentada) y tiene litigios pendientes del orden social y civil e incluso se le ha abierto expediente de ejecución forzosa», indican.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha declarado que «esto es un claro ejemplo de que Pedro Sánchez quiere adueñarse del Valle por intereses económicos además de por cuestiones ideológicas».